Usufructo y Burocracia

La entrega de las tierras ociosas o  en desuso en Cuba es solo facultad de la Delegación Municipal de la Agricultura. Las distintas formas productivas como, Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), Granjas Estatales o Empresas no tienen facultad para entregarlas en arrendamiento, según lo establecido en el Decreto Ley 300, ¨Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo¨.

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Acciones contra los que trabajan la tierra

La occidental provincia de Mayabeque es de las dos que se encuentran en el llamado experimento gubernamental que se viene realizando en Cuba hace más de 5 años, (la otra es la vecina Artemisa).

El  pequeño agricultor, Ramón Hernández Sotolongo, residente en el municipio Quivicán, de la occidental provincia, solicita en condición de usufructo la finca El Placer con una extensión de 17.14 ha de tierras. Los usufructuarios anteriores de la referida finca habían hecho dejación hace algo más de un año y había una gran muestra de abandono en las tierras.

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El mercado agropecuario, tema recurrente

Es imposible para la familia cubana no hablar de este tema, unos porque no pueden prescindir de él para satisfacer sus necesidades diarias, otros porque necesitan vender sus producciones y algunos porque buscan como burlar los puntos de control de la policía para llevar los productos a los mercados de la llamada “Oferta y Demanda”, mientras el ineficiente sistema de Acopio no logra cumplir su supuesta responsabilidad de “comprar todo lo que se produce para abastecer los mercados “estatales”.

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El Sector No Estatal: una alternativa imprescindible para la economía cubana

Aunque el Gobierno cubano autorizó el incremento de la actividad No Estatal en la economía de la isla, el Sector Privado sigue siendo mirado con recelo y preocupación por muchos empresarios y dirigentes, violando estos lo establecido por las propias instituciones gubernamentales. Estas últimas no aprueban ni cumplen con la firma de contratos de suministro de materias primas y la compra de productos y servicios alegando que son orientaciones de sus Ministerios, Empresas o Grupos Empresariales.

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