Inspectores acosan a trabajador por cuenta propia en Camagüey

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia el acoso de inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión del Consejo de Administración del Poder Popular de Camagüey en contra del trabajador por cuenta propia Yusedis Rodríguez Sánchez, quien desarrolla su actividad en el ámbito de la elaboración y venta de alimentos.

La propia víctima expresa que “durante las inspecciones los funcionarios se extreman y tratan de buscar la mínima cosa para aplicar la multa más alta posible”. Y que pareciera que el acoso se deba “a que en el pasado escribía para una publicación considerada como subversiva por el gobierno”, en referencia al boletín Luz Camagüeyana.

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Denuncia y análisis sobre pésimo servicio bancario en Matanzas

Sucursal Bancaria donde M.N.T., por fin, sobre la 5 de la tarde del lunes, pudo extraer dinero. Está a 2 kilómetros aproximadamente del cajero más cercano, y enclavado en un reparto con una población de más de 15 mil habitantes.

M.N.T. fue al cajero automático de la Sucursal Bancaria de Medio y Dos de Mayo a extraer dinero, y durante la operación el cajero automático se queda con la tarjeta y no pudo realizar la operación. Era la noche del jueves 12 de enero de 2017.

Va el viernes a las 8 de la mañana y le informa la directora que los cajeros solo se abren los lunes y los jueves por una comisión de BANDEC (Banco de Créditos y Comercio) y ellos son BPA (Banco Popular de Ahorro). Sin entender razones ni necesidades de la cliente.

El lunes a las 8 de la mañana le informan que a este cajero le corresponde la apertura a las 2 de la tarde. Al fin, después del respectivo papeleo y la cola de 8 reclamantes más, le entregan la tarjeta; pero no pudo hacer la extracción ya que el cajero automático quedó indisponible.

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Los bicitaxis: entre las restricciones e impuestos

El Observatorio de Derechos Humanos denuncia las dificultades que tienen los llamados bicitaxispara desarrollar su actividad.

El exceso de restricciones por parte de las autoridades limita un mejor desempeño de estos trabajadores por cuenta propia, quienes están además sometidos a una tributación que les deja poco margen de utilidades finales. Tal es el caso del camagüeyano Ángel Luis Barreto Valdez, quien fuera sancionado con una multa de 500 pesos a mediados de enero por supuestamente “estacionarse en un lugar indebido”, según los inspectores gubernamentales.

Barreto Valdez plantea que el lugar asignado para desempeñar su trabajo no es comercializable, pues está alejado de la parada de autobuses, y prácticamente no consigue clientes; él paga sus impuestos y necesita gestionar viajes para poder ser rentable, por lo que se le viola su derecho de gestión comercial.

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El deterioro de la economía cubana y las limitaciones a la libre iniciativa hunde el ya paupérrimo nivel de vida en la isla

La  realidad económica de Cuba en el 2016 se caracterizó en el orden macroeconómico por la recesión económica, consecuencia de los desequilibrios estructurales del modelo económico, la desfavorable coyuntura internacional por la crisis que afecta a los estados proveedores de subsidios a la economía cubana, el descenso de los precios de productos y servicios de exportación, la disminución de su capacidad de importación, variable de la que depende su crecimiento, y el insuficiente impacto del sector privado en el espacio productivo actual por su papel complementario otorgado a este por el Régimen.

Este desfavorable desempeño económico tuvo un impacto negativo en el ya paupérrimo nivel de vida de los ciudadanos en un contexto donde la retórica oficial estuvo dirigida a propagandear el desarrollo del trabajo por cuenta propia.

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La guerra de los Castro contra los paladares

Los observadores y analistas se han hecho eco de la decisión del régimen castrista de prohibir temporalmente nuevas licencias de apertura de pequeños restaurantes en La Habana bajo la gestión de los trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, se ha advertido a los que ya operan de más estrictos controles, iniciando un proceso de citaciones en las que se instruye a los afectados sobre presuntas violaciones de la normativa, entre las que se encuentran “evadir impuestos, comprar suministros en el mercado negro u operar clubes y bares ilegales”.
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