¿Empresas de clase mundial en Cuba? (I Parte)

A mediados de los 90 el nivel de estatización de la economía cubana alcanzaba el 95% y el sistema empresarial tenía 5000 organizaciones con muchos problemas heredados de la época soviética,  a saber: modelos gerenciales obsoletos, ineficiencia, baja productividad, salarios irrisorios, plantillas infladas, contabilidad falseada por la dualidad monetaria, planta industrial altamente contaminante del medio ambiente, desconexión del sistema internacional, obsolescencia tecnológica, poca o ninguna integración en cadenas de valor…”.

Ha trascurrido más de 20 años de implementación del proceso de perfeccionamiento empresarial el cual tiene como objetivo supremo: “garantizar el desarrollo de un sistema empresarial organizado, disciplinado, ético, participativo, eficaz y eficiente, que genere mayores aportes a la sociedad socialista y que todas las empresas se conviertan en organizaciones de alto reconocimiento social y capacidad competitiva internacional”. (Consejo de Ministros, 2007)

A la par se han generado miles de documentos normativos con denominación y jerarquía jurídica diferentes: políticas económicas, lineamientos, leyes, decretos ley, resoluciones, instrucciones y cientos de tareas que han perseguido transformar la empresa estatal socialista cubana en un actor de clase mundial, altamente competitivo.

En el modelo de desarrollo económico y político socialista cubano se establece la preeminencia de la ‘propiedad socialista’ sobre los medios de producción, lo que condiciona que el sistema empresarial estatal sea el principal generador de la riqueza del país y la propiedad privada se subordine y complemente a aquella. Lo anterior se erige en el principal problema que impide la prosperidad colectiva e individual en Cuba.

Tal modelo ha estado sujeto a un cuestionamiento inexorable por gran parte de la ciudadanía, los actores de la Sociedad Civil y de la Oposición política no reconocida por el Partido Comunista de Cuba, organización sumida en una profunda crisis de identidad, de representatividad y, por tanto, de legitimidad y cuyo liderazgo se muestra represivo ante las críticas a sus promesas constantemente repetidas y siempre incumplidas de un futuro mejor.

En 2017 el sistema empresarial estatal cubano estaba conformado por 1801 empresas, 83 grupos empresariales y 230 sociedades mercantiles 100% cubanas, de las cuales “850 empresas y 51 grupos empresariales están perfeccionadas y en proceso de mejora continua”. (CPID, 2018).

Formando parte de la “propiedad estatal socialista del pueblo” en Cuba existen 67 empresas que el pasado año generaron pérdidas por un monto de 297, 2 millones de pesos y  2242 entidades, entre las que se encuentran los 27 ministerios, financiadas por el presupuesto nacional.

Desde la ciencia económica se ve la prosperidad en interrelación dialéctica con el crecimiento y el desarrollo. Eso explica que para que en Cuba haya prosperidad se requiere que el Producto Interno Bruto, PIB, muestre una dinámica de crecimiento anual de entre un 5-7% durante un decenio. Sin embargo, en los últimos 10 años el PIB ha mostrado una dinámica de crecimiento de tan solo 1.4%.

En el mismo periodo el sistema empresarial estatal, en el que casi la mitad de los actores económicos que lo conforman son “organizaciones de alto reconocimiento social y capacidad competitiva internacional”, fue responsable del 96% del PIB, del 90% del exiguo presupuesto nacional y ocupó el 88% de la fuerza laboral cubana dramáticamente explotada y devaluada a nivel salarial.

Es falaz e irresponsable afirmar como se hace en el Proyecto de País del PCC que en los próximos 12 años Cuba se convertirá en una nación próspera y sostenible. Solo es posible alcanzar la prosperidad en Cuba si se logra: redimensionar el decrépito sector empresarial a partir de criterios de eficiencia internacionales para cada sector, estimular el desarrollo del sector privado en todas las parcelas de la economía, lograr tasas de acumulación de capital del 25% del PIB, suprimir la aberración de la dualidad monetaria y cambiaria, recomponer las relaciones económicas internacionales del país y fomentar la inversión de la emigración en un entorno social que excluya el monopolio unipartidista y potencie la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que les afecta y atañe.

 

Bibliografía.

– Consejo de Ministros. (2007). Decreto No. 281 “Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal”. Gaceta Oficial de la República de Cuba (41), 241-350

-CPID. (2018).  Normas jurídicas del sistema empresarial estatal. (Presentación .ppt)

-CPID. (2018). Formas y sistemas de pago. Relaciones de trabajo. (Presentación .ppt)

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