Informe semestral sobre realidad económica en Cuba

Informe preparado al mes de julio de 2017 con las aportaciones de los colaboradores del Observatorio de Derechos Económico, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Exhortamos a que nos envíen sus comentarios y denuncias para la aportación del OCDH a Periodo de Revisión Universal antes del 20 de Septiembre de 2017.
Correo: denuncias @ derechoseconomicos.com.

La realidad económica de Cuba en el primer semestre de 2017 se caracterizó en el orden macroeconómico por la recesión económica, consecuencia de los desequilibrios estructurales del modelo económico, la desfavorable coyuntura internacional por la crisis que afecta a los estados proveedores de subsidios a la economía cubana, el descenso de los precios de productos y servicios de exportación, la disminución de su capacidad de importación (variable de la que depende su crecimiento), y el insuficiente impacto del sector privado en el espacio productivo actual -por el papel complementario otorgado a este por el gobierno cubano.

El desfavorable desempeño económico ha tenido un impacto negativo en el ya paupérrimo nivel de vida de la ciudadanía, en un contexto donde la retórica oficial ha estado dirigida a propagandizar el desarrollo del trabajo por cuenta propia y su importancia como fuente de empleo y de producción de bienes y servicios.

Limitaciones a la libre iniciativa privada

De igual forma, el escenario cubano se vio afectado por el recrudecimiento del accionar gubernamental dirigido a desestimular o eliminar a los actores privados, en especial del sector de la alimentación, alojamiento y transporte público -con desempeño económico exitoso como resultado de la iniciativa y la buena gestión de los negocios.

Las limitaciones más significativas para el desarrollo de los actores privados han sido: la imposibilidad de acceder a un mercado mayorista, la prohibición de comercializar productos adquiridos en la red minorista o importados, la reducción de los límites autorizados para la importación no comercial, y el aumento de los aranceles; todo ello con el objetivo de castigar la utilización de los márgenes de importación personal con fines comerciales, cerrando así uno de los principales canales de suministro de los cuentapropistas.

A esto hay que sumar la asfixiante política fiscal, con un marcado afán recaudatorio.

Lina Peraza, ministra cubana de finanzas y precios, informó en el mes de febrero que en el ejercicio fiscal de 2016 en Cuba “se cobraron 142 500 multas, por un importe de 22,8 millones de pesos sobre la evasión de impuestos en sus vertientes de fuentes de ingresos a los presupuestos locales y de enfrentamiento a la impunidad.”

Las diferentes modalidades de venta de alimentos, transportación de carga y pasajeros, así como el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, son las actividades que más inciden en estas “indisciplinas fiscales en el país” y son, a su vez, las de mayor proporción en el universo de actividades por cuenta propia, donde hay empleados cerca del medio millón de cubanos. En el ejercicio pasado, 223 cuentapropistas fueron acusados penalmente de evasión fiscal en Cuba.

A las palabras de la ministra se sumó una amplia campaña mediática con el objetivo de recordar a los ciudadanos los peligros que corren si no pagan impuestos. Según el Código Penal cubano el delito de evasión fiscal puede conllevar penalizaciones de hasta 8 años de privación de libertad.

Entre los sectores más acosados por el gobierno ha estado el transportista; hecho que provocó durante el mes de febrero importantes acciones de protesta de los transportistas, principalmente en Ciudad Habana y en Santa Clara.

Otra manifestación de la violación de los derechos económicos durante el ejercicio económico cubano actual fue el retiro arbitrario de la licencia de cuentapropista a decena de trabajadores por hacer uso del derecho ciudadano de disentir públicamente del Régimen cubano.

En Cuba continúan siendo vulnerados los derechos económicos de gran parte de la fuerza de trabajo calificada del país con nivel superior de enseñanza, al impedírsele escoger fuentes de empleo y concurrir al mercado laboral en función de sus competencias, y a obtener una remuneración en correspondencia con su aporte social.

Al no permitirse el ejercicio del trabajo privado, en especial de las llamadas profesiones liberales, se les obliga a mantenerse en el sector público con normativas salariales desfasadas respecto a los niveles reales de inflación, o a concurrir al mercado al margen de la legalidad.

Como parte de la política de regulación de la concentración de la propiedad y la riqueza ya se le ha retirado la licencia de trabajo por cuenta propia a miles de emprendedores, en su mayoría residentes en la capital del país.

El sector campesino (agricultores pequeños) no ha escapado de las limitaciones y prohibiciones. A los usufructuarios de tierra con destacada capacidad de ahorro, resultado del trabajo y depositados de force en el sistema bancario y financiero estatal, se les prohíbe la inversión ampliada en sus negocios y la contratación de insumos a las entidades proveedoras no estatales.

En resumen, durante este semestres hemos identificado un retroceso en el ejercicio de los derechos económicos, especialmente de los emprendedores, lo cual es un aviso de que en el período venidero tendremos una profundización de las restricciones y limitaciones en este ámbito.

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