¿Y la primera reforma?

El régimen de La Habana promete oportunidades a la inversión de los pequeños y medianos empresarios privados; aunque, sostiene un ambiguo sistema tributario negado al desarrollo de los trabajadores por cuenta propia en el mercado nacional.

Los socios de las MIPYMES pagarán anualmente Impuestos sobre Ingresos Personales; con 5 tipos impositivos, que inician en un 3% aplicados a ingresos mensuales de hasta 75 000 CUP y concluyen en el 20% para valores superiores a los 350 000 CUP.

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Empleo en el sector privado

El binomio Canel-Marrero otorga mayores oportunidades a los inversores extranjeros y nacionales, para enfrentar la peor crisis financiera del país; sin embargo, la política de empleo subordina los intereses de los privados a las necesidades de la empresa estatal socialista.

El cuentapropista queda limitado a emplear hasta 3 personas sujetas al mismo tratamiento jurídico que él, para frenar el actuar orientado a la organización colectiva de la producción, comercialización o de prestación de servicios.

También, las cooperativas podrán constituirse a partir de 3 personas, regulándose la contratación de trabajadores hasta tres meses en un año natural, para cubrir diversas actividades temporales y nunca podrá exceder el 10% del número de socios.

Las MIPYMES se constituyen sin prerrogativas en el número de socios; pero, las categorías se adquieren a partir de la cantidad de puestos de trabajo que se creen: micro empresas de 1 a 10, pequeñas empresas de 11 a 35 y medianas empresas de 36 a 100.

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Al borde de una gaceta

El gobierno cubano aprueba un paquete de medidas económicas para el desarrollo del sector privado; aunque, carente de trascendentales reformas en el sistema tributario, que garanticen a los empresarios el retorno de las inversiones a corto y mediano plazo.

Se mantendrán las escalas progresivas, aplicando bases imponibles a los trabajadores por cuenta propia, que van desde menos de 10 000 CUP hasta más de 50 000 CUP; además, transitan por un tipo impositivo desde un 15% elevándose hasta un 50%.

Los cuentapropistas que impulsan actividades de menor envergadura y no generen ingresos superiores a los 200 000 CUP anuales, quedan reducidos al Régimen Simplificado de Tributación y aportaran los impuestos, mediante cuotas mensuales.

Los socios de las MIPYMES contemplarían igual mínimo exento; pero, abonarán impuestos sobre ingresos personales, que reconozca valores iniciales inferiores a los 75 000 CUP y superiores a 350 000 CUP, con un tipo impositivo desde un 3% hasta un 20%.

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Medidas absurdas

El régimen de La Habana anunció ambiguas medidas económicas, para distraer la mirada de la prensa internacional sobre la represión que ejercen los militares en poblaciones civiles; en medio de las duras críticas recibidas por parte de los gobiernos de la región.

Se pretende otorgar permisos de importación personal de alimentos y medicinas a los viajeros que entren a la Isla; en contradicción, con la falta de vuelos que arriban a los aeropuertos y en deterioro de las tiendas que comercializan dichos productos a través de tarjetas en MLC.

A lo anterior, sumar que la medida tiene un carácter temporal y se prevé su implementación hasta el 31 de diciembre del 2021, cuestión que irrita a los ciudadanos, pues el binomio Canel-Marrero han considerado calmar los reclamos del pueblo con migajas.

La realidad muestra a un gobierno cubano divorciado del contexto social y olvidado de los problemas originados por el impacto negativo de la Tarea Ordenamiento; además, con limitaciones en la capacidad de manejo de conflictos sociales.

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Sobre las condenas

Tras la represión al levantamiento popular del 11-7, el régimen condenó a los manifestantes en televisión nacional y acusó públicamente de mercenarismo en mayor grado a los ciudadanos, que protagonizaron la resistencia a las tropas antimotines.

Las causas imputadas a la mayoría de los jóvenes encarcelados están relacionadas a desorden público, referidas en los artículos 200 y 201 del Código Penal de la República de Cuba, que sanciona con penas desde tres meses hasta 5 años de privación de libertad.

Nótese, que las autoridades gubernamentales han incurrido en violaciones a los derechos y garantías al debido proceso, en lo referido a los artículos 94 y 95 de la carta magna, privando de libertad a detenidos sin pruebas contundentes a presentar ante fiscalía.

Los detenidos por los órganos represivos han sido víctimas de desaparición forzada y sometidos a largos períodos de incomunicación con sus familiares, torturas y hechos degradantes violatorios del artículo 96 relacionado al procedimiento del Habeas Corpus.

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Represión inhumana

El gobernante Díaz Canel ordenó aplastar el levantamiento popular ocurrido el pasado 11 de julio, mediante el uso de la fuerza en manos de agentes antidisturbios y la policía militar, ocasionando lesiones graves en la ciudadanía, tras realizar incontables disparos.

Al amparo del artículo 3 de la Constitución de la República, los manifestantes denunciaron violaciones a los derechos sociales y económicos en el país, así como la falta de libertad y justicia en el país, sumergido en la peor crisis financiera en los últimos 60 años.

Por otro lado, los represores irrumpieron en el domicilio de los manifestantes para ocasionar daños a la vida humana; y con ello, violaron el artículo 49; pese a la suspensión de los tribunales competentes, única autoridad para otorgar dicha orden.

Durante el proceso represivo acaecido en los días 12, 13 y 14 de julio, se violaron un total de 15 artículos de la carta magna, relacionados fundamentalmente a los principios; derechos, deberes y garantías constitucionales de los ciudadanos cubanos.

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