LIBERTAD Y PROSPERIDAD PARA CUBA
El régimen de La Habana promete oportunidades a la inversión de los pequeños y medianos empresarios privados; aunque, sostiene un ambiguo sistema tributario negado al desarrollo de los trabajadores por cuenta propia en el mercado nacional.
Los socios de las MIPYMES pagarán anualmente Impuestos sobre Ingresos Personales; con 5 tipos impositivos, que inician en un 3% aplicados a ingresos mensuales de hasta 75 000 CUP y concluyen en el 20% para valores superiores a los 350 000 CUP.
El binomio Canel-Marrero otorga mayores oportunidades a los inversores extranjeros y nacionales, para enfrentar la peor crisis financiera del país; sin embargo, la política de empleo subordina los intereses de los privados a las necesidades de la empresa estatal socialista.
El cuentapropista queda limitado a emplear hasta 3 personas sujetas al mismo tratamiento jurídico que él, para frenar el actuar orientado a la organización colectiva de la producción, comercialización o de prestación de servicios.
También, las cooperativas podrán constituirse a partir de 3 personas, regulándose la contratación de trabajadores hasta tres meses en un año natural, para cubrir diversas actividades temporales y nunca podrá exceder el 10% del número de socios.
Las MIPYMES se constituyen sin prerrogativas en el número de socios; pero, las categorías se adquieren a partir de la cantidad de puestos de trabajo que se creen: micro empresas de 1 a 10, pequeñas empresas de 11 a 35 y medianas empresas de 36 a 100.
El gobierno cubano aprueba un paquete de medidas económicas para el desarrollo del sector privado; aunque, carente de trascendentales reformas en el sistema tributario, que garanticen a los empresarios el retorno de las inversiones a corto y mediano plazo.
Se mantendrán las escalas progresivas, aplicando bases imponibles a los trabajadores por cuenta propia, que van desde menos de 10 000 CUP hasta más de 50 000 CUP; además, transitan por un tipo impositivo desde un 15% elevándose hasta un 50%.
Los cuentapropistas que impulsan actividades de menor envergadura y no generen ingresos superiores a los 200 000 CUP anuales, quedan reducidos al Régimen Simplificado de Tributación y aportaran los impuestos, mediante cuotas mensuales.
Los socios de las MIPYMES contemplarían igual mínimo exento; pero, abonarán impuestos sobre ingresos personales, que reconozca valores iniciales inferiores a los 75 000 CUP y superiores a 350 000 CUP, con un tipo impositivo desde un 3% hasta un 20%.
El régimen de La Habana anunció ambiguas medidas económicas, para distraer la mirada de la prensa internacional sobre la represión que ejercen los militares en poblaciones civiles; en medio de las duras críticas recibidas por parte de los gobiernos de la región.
Se pretende otorgar permisos de importación personal de alimentos y medicinas a los viajeros que entren a la Isla; en contradicción, con la falta de vuelos que arriban a los aeropuertos y en deterioro de las tiendas que comercializan dichos productos a través de tarjetas en MLC.
A lo anterior, sumar que la medida tiene un carácter temporal y se prevé su implementación hasta el 31 de diciembre del 2021, cuestión que irrita a los ciudadanos, pues el binomio Canel-Marrero han considerado calmar los reclamos del pueblo con migajas.
La realidad muestra a un gobierno cubano divorciado del contexto social y olvidado de los problemas originados por el impacto negativo de la Tarea Ordenamiento; además, con limitaciones en la capacidad de manejo de conflictos sociales.
Tras la represión al levantamiento popular del 11-7, el régimen condenó a los manifestantes en televisión nacional y acusó públicamente de mercenarismo en mayor grado a los ciudadanos, que protagonizaron la resistencia a las tropas antimotines.
Las causas imputadas a la mayoría de los jóvenes encarcelados están relacionadas a desorden público, referidas en los artículos 200 y 201 del Código Penal de la República de Cuba, que sanciona con penas desde tres meses hasta 5 años de privación de libertad.
Nótese, que las autoridades gubernamentales han incurrido en violaciones a los derechos y garantías al debido proceso, en lo referido a los artículos 94 y 95 de la carta magna, privando de libertad a detenidos sin pruebas contundentes a presentar ante fiscalía.
Los detenidos por los órganos represivos han sido víctimas de desaparición forzada y sometidos a largos períodos de incomunicación con sus familiares, torturas y hechos degradantes violatorios del artículo 96 relacionado al procedimiento del Habeas Corpus.
El gobernante Díaz Canel ordenó aplastar el levantamiento popular ocurrido el pasado 11 de julio, mediante el uso de la fuerza en manos de agentes antidisturbios y la policía militar, ocasionando lesiones graves en la ciudadanía, tras realizar incontables disparos.
Al amparo del artículo 3 de la Constitución de la República, los manifestantes denunciaron violaciones a los derechos sociales y económicos en el país, así como la falta de libertad y justicia en el país, sumergido en la peor crisis financiera en los últimos 60 años.
Por otro lado, los represores irrumpieron en el domicilio de los manifestantes para ocasionar daños a la vida humana; y con ello, violaron el artículo 49; pese a la suspensión de los tribunales competentes, única autoridad para otorgar dicha orden.
Durante el proceso represivo acaecido en los días 12, 13 y 14 de julio, se violaron un total de 15 artículos de la carta magna, relacionados fundamentalmente a los principios; derechos, deberes y garantías constitucionales de los ciudadanos cubanos.