En medio de la marea de opiniones que inunda está semana las Redes sociales, con motivo de la inminente realización del Referéndum que aprobará o no el Nuevo Código de las Familias, realizamos esta segunda y última entrega que busca explorar los puntos de contacto entre el polémico documento y los derechos económicos de los cubanos.

No obstante, al contrario de la vez anterior, no abordaremos el Código de manera descriptiva y expositiva, sino más bien deseamos tocar una fibra sensible que cada vez resulta más palpable desde la cotidianidad: el efecto que ha tenido la propaganda oficial a favor del Nuevo Código en la población, especialmente en el sector de la tercera edad.

Ayer, gracias a la inocente amabilidad de un vecino muy querido, tuve la oportunidad de probar por primera vez, uno de los productos alimentarios que más polémicas ha generado dentro de la población capitalina en los últimos días: la célebre “croqueta de camarón”.

La opinión popular entorno a la comercialización de este alimento en pescaderías estatales, ha desatado toda una ola de recelo y franco rechazo por parte de aquellos que han tenido el privilegio de “degustar” el novedoso producto, que se comercializa por 57 CUP.

Ante el inminente regreso a las aulas el próximo 5 de septiembre, los padres y madres de la isla han comenzado nuevamente a hacer patente, mayormente a través de las redes sociales, su molestia y frustración ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades materiales básicas de sus hijos, relativas al ámbito escolar.

Pese a que, en días pasados, el gobierno cubano refirió que la distribución de harina de trigo para asegurar la producción y venta limitada de pan en las panaderías estatales y de manera normada (controlada por la libreta de abastecimiento) estaba garantizada; la situación con el demandado alimento continúa agudizándose.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), las restricciones financieras que posee el país y la intensificación del bloqueo impuesto a la isla, son algunas de las causas que dan al traste con el sensible déficit de la importación de harina de trigo, imprescindible para la elaboración del producto.

Durante la pandemia de COVID-19, y como otra de las estrategias para solventar la aguda crisis económica y alimentaria por la que atravesaba el país; fueron implementadas algunas medidas organizativas para la adquisición de productos de primera necesidad que antes se comercializaban en las tiendas recaudadoras de divisas.

Dichas medidas, intentaban garantizar el control y regulación de los productos básicos, además de establecer mayor equidad entre los consumidores, ante la precaria disponibilidad de los mismos, dentro de la red de tiendas estatales que, con el “reordenamiento monetario”, comenzaron a vender en moneda nacional (CUP).

Pese a la persistente escasez de medicamentos en la isla, tanto en farmacias como a nivel intrahospitalario, el mercado informal continúa intentando solventar la crisis farmacológica que tan sensiblemente afecta a los cubanos.

La comercialización de medicamentos importados ha devenido en los últimos tiempos única alternativa para aquellos que requieren totalmente de fármacos indispensables para cumplir con tratamientos médicos (tanto temporales como de consumo diario), ante la presencia prácticamente nula de los mismos en la red de farmacias y hospitales.