La realidad económica de Cuba en el 2016 se caracterizó en el orden macroeconómico por la recesión económica, consecuencia de los desequilibrios estructurales del modelo económico, la desfavorable coyuntura internacional por la crisis que afecta a los estados proveedores de subsidios a la economía cubana, el descenso de los precios de productos y servicios de exportación, la disminución de su capacidad de importación, variable de la que depende su crecimiento, y el insuficiente impacto del sector privado en el espacio productivo actual por su papel complementario otorgado a este por el Régimen.
Este desfavorable desempeño económico tuvo un impacto negativo en el ya paupérrimo nivel de vida de los ciudadanos en un contexto donde la retórica oficial estuvo dirigida a propagandear el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Enix Berrio, Director del Centro de Estudios y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba manifiesta para este informe que durante 2016 el escenario cubano se vio afectado por el recrudecimiento del accionar gubernamental dirigido a desestimular o eliminar a los actores privados, en especial del sector de la restauración, alojamiento y transporte público, con desempeño económico exitoso como resultado de la iniciativa y la buena gestión de los negocios, aun siendo estas actividades de bajo valor agregado y con limitaciones significativas para su desarrollo debido la prohibición de importación de bienes de capital que impide la utilización de los recursos financieros en forma de remesas enviadas por la diáspora en la ampliación de negocios y la aplicación de políticas tributarias asfixiantes.
Como parte de la política restrictiva de los derechos económicos, especialmente de la libre iniciativa, hasta el mes de noviembre se le habían retirado a 2.560 emprendedores sus licencias, en su mayoría residentes en la capital del país.
Otra manifestación de la violación de los derechos económicos durante el ejercicio económico cubano de 2016 fue el retiro arbitrario de la licencia de cuentapropista a 4 trabajadores por hacer uso del derecho ciudadano de disentir públicamente del Régimen cubano.
En Cuba continúan siendo vulnerados los derechos económicos de gran parte de los profesionales, al impedírsele escoger fuentes de empleo y concurrir al mercado laboral en función de sus competencias, a obtener una remuneración en correspondencia con su aporte social. Al no permitirse el ejercicio del trabajo privado e independiente se les obliga a mantenerse en el sector público con normativas salariales desfasadas respecto a los niveles reales de inflación o a concurrir al mercado al margen de la legalidad.
Mientras no ocurra una verdadera reforma que permita la libre iniciativa económica y la propiedad privada, dos derechos naturales mundialmente reconocidos, cualquier beneficio económico para Cuba será exclusivamente para con el estado cubano y dentro de éste, a favor de quienes desde posiciones de poder controlan el entramado empresarial del país.
[Acápite económico del Informe del OCDH sobre derechos humanos en Cuba en 2016]