¿Para cuándo el perfeccionamiento real del trabajo privado en Cuba?

Por su alcance la Estrategia económica y social oficial para enfrentar la situación de crisis sanitaria por la Covid-19, es ambiciosa, tal muy ambiciosa: “Producción de alimentos…fortalecimiento de la empresa estatal… unificación monetaria y cambiaria… modificación del sistema de distribución de divisas en la economía…eliminación del gravamen a la compra de dólares… canalización de las remesas en función del desarrollo económico y social…implementación del mercado de deuda pública con participación de diversos sectores… industria nacional como principal proveedor de bienes y servicios que demanda la economía… exportación de todas las formas de gestión a través de empresas de Comercio Exterior…perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal, con prioridad inmediata en la ampliación del trabajo por cuenta propia, de quitarle trabas…(…).”

Transcurridos 7 meses de la publicación del paquete de reforma, y en el contexto de la polémica Tarea Ordenamiento, fue noticia relevante para Cuba, y más allá de sus fronteras, el anuncio por las autoridades del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, al quedar eliminada la restrictiva lista de 127 actividades permitidas desde 2010, y las modificaciones en el sistema tributario.

Con referencia en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) (http:www.onei.gob.cu/node/14808) la lista de actividades permitidas se extiende alrededor de 2.000, dejando en 124 ocupaciones limitadas o vedadas entre las que sobresale la educación y la salud, estandartes ideológicos del socialismo cubano.

En voz del viceprimer ministro Alejandro Gil, “para elaborar la política de perfeccionamiento se consultó a los ministerios, empresarios estatales y actores de ciencia”, dejándose al margen los cuentapropistas cubanos y otros trabajadores privados directamente afectados por las medidas tomadas y por la COVID-19, en momentos de debilidad de la economía y de vulnerabilidad macroeconómica que trajo consigo una combinación de choques externos e internos, causa de la mayor crisis económica y social del país en tres décadas, con efectos muy negativos en el empleo, pobreza y la desigualdad.

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¿Quién protege al sector por cuenta propia cubano?

Aunque la mayoría estábamos esperanzados con la nueva normalidad y que este 2021 sería un poco mejor con respecto al contagio de la Covid 19, el mes de enero nos dio de bruces cuando una vez más, luego de varios meses con bajas tasas de contagio en el país, se vuelve a cerrar las ciudades por otro pico de infectados por el coronavirus.

Claro está, que cerrar las ciudades lleva aparejado un grupo de medidas y restricciones para detener el contagio, medidas que una vez más tienden a afectar drásticamente el desempeño de los cuentapropistas, como es el caso del cierre de las áreas de comercialización de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y lamentablemente las herramientas de protección de ingresos, que puede y debe activar el Estado para contribuir a la economía doméstica de todos los ciudadanos cubanos, no son aparentemente iguales según los tipos de propiedad.

Los TCP vuelven a estar en peligro de perder sus ingresos, quedando a merced de sus ahorros, la “asistencia social temporal” o sus inventos como intento de subsistencia ante este nuevo periodo de crisis. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como órgano rector del Gobierno, dentro de sus medidas de protección al trabajador, contempladas en el Código de Trabajo, no ampara y protege a los TCP ante situaciones excepcionales como esta, que conllevan a la pérdida total o parcial de sus salarios, resaltando un sesgo estatal muy marcado y dejando claro los beneficios a los trabajadores de empresas presupuestadas.

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No da la cuenta

La llegada del año nuevo y el inicio de la Tarea Ordenamiento no han dejado a nadie indiferente y más cuando significa una de las más grandes transformaciones económicas en los últimos 30 años en Cuba. A mediado de mes se pueden observar con más claridad sus implicaciones, defectos y sus probables consecuencias asociadas.

El sector por cuenta propia, y los que laboran en el, han sido uno de los más perjudicados con las nuevas medidas, pues el sector enfrenta un shock de costos más allá del efecto directo que tiene el aumento del costo de los insumos, materias primas y equipos, así como el efecto indirecto del aumento del costo de la vida en general.

Este sector enfrenta un aumento de costos laborales, al aumentar tanto el salario mínimo como los pagos en el sector estatal, que representa el sector más demandante de fuerza laboral en la economía del país. Este proceso fuerza el alza de los costos salariales del sector por cuenta propia, en función de retener y ampliar mano obra, costos que a la larga se pasaran a los consumidores. Un incremento salarial en el sector estatal representa siempre un ajuste indirecto sobre el resto de los salarios en la economía y una forma de regular igualmente el pago de un salario digno en todas las formas de propiedad, pero este ajuste en presencia de mercados irregulares puede recaer en una mayor presión de incremento de precios en los mercados no estatales.

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Desaparecen los carretilleros

El 1ro. de diciembre de 2020 entró en vigor la Resolución 208 de fecha 27 de noviembre de 2020, donde quedaba establecido los precios máximos de venta para productos agropecuarios gestionados por trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, concurrentes en mercados de oferta y demanda y carretilleros, así como precios máximos minoristas establecidos para productos derivados de la harina de trigo que se comercializan por trabajadores por cuenta propia.

Aunque esta medida ocasionó problemas y descontento con los actores que se afectan directamente, esta situación empeoró con la llegada del 1ro de enero de 2021 y la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento.

Ya casi ni se observan carretilleros en las esquinas con sus productos agropecuarios y esto es debido, según nos explica Jorge Frómeta, carretillero del centro de la ciudad de Santa Clara, al aumento del costo de los insumos a los campesinos independientes en Cuba, quienes tienen topado el precio de venta de sus producciones, “lo que provoca que nosotros los carretilleros, y los que trabajamos en los agros particulares, recibamos los productos con costos elevados cuando logramos comprarlos por otras vías”.

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La explotación de fuerza de trabajo, un fenómeno no reconocido en Cuba

Cinthya es mesera de un restaurante particular en la ciudad de Matanzas, Cuba. Sale embarazada y el dueño del restaurante no le garantiza que, tras concluir el año junto a su bebe, pueda volver a su puesto. Al solicitar la trabajadora firmar un contrato que certificara su condición de empleada del restaurante y proteger así su estabilidad económica, fue despedida.

Otra joven veinteañera, que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias, comenzó a trabajar en una cafetería frente al hospital infantil de la propia ciudad, en el horario de 14:00 a 22:00. Trabajaría dos días y descansaría uno. A los tres meses le exigen que debe entrar a las 09:00 y cerrar a las 22:00, pero, entre una cosa y otra, termina siempre una hora después. Además, debe trabajar todos los días y descansa un día a la semana. Al reclamar al dueño este le dice: “lo tomas o lo dejas”.

Técnicamente la explotación de fuerza de trabajo no existe en el Código Penal cubano y tampoco es objeto de estudio de otras ciencias y disciplinas sociales, pero es un fenómeno que se está presentando constantemente en la vida diaria de la sociedad cubana actual.

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Villa clara ve la luz

Tras siete duros meses de rigurosas restricciones sanitarias y de aislamiento social debido al Covid 19, Villa Clara vuelve a respirar nuevos aires tras la apertura del Aeropuerto Internacional “Abel Santa Maria Cuadrado”, tercer aerodromo en importancia del pais, ubicado en la provincia.

Con la nueva entrada en la región de turistas internacionales y de cubanos residentes en el exterior, han sido mucho los cuentapropistas que se han beneficiado con esta situación. Este sector privado, fundamentalmente la parte ligada a la prestación de servicios al turismo, se ha visto gravemente afectada en estos meses de crisis y han tenido que reinventarse sobre la marcha para paliar su critica situación por la falta de clientes.

El Observatorio de Derechos Económicos (ODEC) se entrevistó en la ciudad cabecera de la provincia con una pareja de arrendadores particulares para el turismo con el fin de conocer sus percepción y expectativas sobre la nueva normalidad.

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