Con la puesta en vigor en mayo de 2019 de la nueva política de la vivienda, muchos pensaron que acabaría su pesadilla. Sin embargo, no ha sido así. La ocupación ilícita de terrenos y las construcciones sin autorizo son penadas con multas de entre 500 y 2.000 pesos cubanos. Buena parte de ese dinero va a sus bolsillos dado que las viviendas no tienen status legal. En Planificación Física se limitan a decir que las zonas ocupadas no están concebidas dentro de las áreas de crecimiento poblacional. La solución, si se tuviera dirección actualizada, es anotarse en un listado de solicitud de terreno que data de 2015.
“Al Estado cubano no le interesa las condiciones en que vivimos, por eso no quieren entregar terrenos para que construyamos”, sentenció Damaris Benítez López, vecina de La Concepción y trabajadora informal. Este caserío marginal se encuentra en la provincia de Mayabeque por lo que el Grupo de Enfrentamiento del Consejo de la Administración ha intentado erradicarlo infructuosamente en varias ocasiones.
Antes de 1959, La Concepción era una finca privada. Al emigrar su propietario fue intervenida. Actualmente se compone de unas 150 viviendas en condiciones precarias al ser construidas con materiales que van desde tablas de palma, plástico y planchas de zinc, hasta cartones forrados con cinta adhesiva. Los pisos son de tierra, con letrinas como servicio sanitario. No tienen agua y la electricidad (que tienen muy pocos) la consiguen por medio de tendederas desde instalaciones cercanas. La habitan cerca de 500 personas que carecen de todo tipo de servicio y de los cuales la mayoría de los adultos se encuentran en condición de trabajadores informales. Categoría no reconocida en las estadísticas oficiales de empleo en Cuba.
