Observatorio de Derechos Económicos

Cuba se encuentra sumida en una crisis económica sin precedentes. De una pandemia provocada por la Covid-19 y por otra las medidas aplicadas al régimen de La Habana por la administración Trump se muestran como los factores fundamentales de esa crisis, según el Gobierno cubano. Pero también habría que mirar desde lo interno el mal manejo de la endeble economía.

Las nuevas medidas que se están aplicando hoy en Cuba están muy alineadas con el modelo de Vietnam.
• Control total del Estado.
• Represión y cero tolerancias a la disidencia.
• Limitadas libertades individuales.

Resaltando siempre las grandes diferencias en cuanto a la idiosincrasia de los cubanos con respecto a los asiáticos.

Desde finales de los años 80 Vietnam muestra al mundo una de las economías más florecientes y prósperas de Asia. Con la aplicación de su Modelo de Renovación o Doi Moi, pasó de ser un país pobre con una economía de modelo planificado Marxista a ser una potencia del sudeste asiático, con una economía que crece un promedio entre un 6 y un 7 por ciento anual, mantenido durante las últimas décadas.

Los cambios que se están produciendo en Cuba, al igual que en Vietnam, están partiendo de un punto crítico. Vietnam aplicó reformas importantes en la agricultura y hoy en Cuba se están aplicando, conociendo que la alimentación de la población es imprescindible para la subsistencia del sistema.

Como parte del llamado “Perfeccionamiento de los actores económicos en Cuba”, salen a la luz nuevas normas jurídicas que regulan la actividad No Estatal.

Marco legislativo:
Decreto Ley 44: Sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia.
Decreto Ley 46: Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Decreto Ley 47: De las Cooperativas No Agropecuarias.

También se legisló en lo relativo a: El Régimen Especial de la Seguridad Social y el Sistema Tributario. Entre otras resoluciones complementarias.
Destacar que en ninguno de estos documentos se hace referencia a la posibilidad de inversión extranjera de cubanos residentes en el exterior.

¿Podrán cubanos de la diáspora, dueños de negocios, invertir o extender sus negocios en Cuba con los actores No Estatales?

La inversión extranjera constituye una fuente imprescindible para el desarrollo económico y social de Cuba. Aunque no está prohibido por norma, apenas se menciona en la inversión extranjera, la posibilidad de invertir cubanos residentes en el exterior.
Del análisis del texto, tanto de la Ley 118 de Inversión Extranjera, como su reglamento y de la normativa complementaria, se puede interpretar que el sector No Estatal cubano también podría ser sujeto de la inversión extranjera. Letra muerta hasta el momento, aunque se avizoran posibilidades.

El sector No Estatal cubano se encuentra conformado por:
• Trabajadores por Cuenta Propia. TxCP
• Cooperativas No Agropecuarias. CNA
• Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. MIPYNES.

Los Organismos de la Administración Central del Estado rectifican constantemente las Normas jurídicas que emiten. Así es el caso de la Resolución del Ministerio de Comercio Interior, referida a la Venta de Garaje. Modalidad de comercialización minorista eventual. En la Gaceta Oficial 66 Extraordinaria, del 20 de julio de 2021, sale a la luz la Resolución 97/21 del referido Ministerio. Apenas 23 días después rectifican y dictan la resolución 102/21, para actualizar la regulación establecida.

Mirando desde una perspectiva positiva, este proceder del gobierno demuestra que las presiones de la población ante disposiciones absurdas y no acordes con los momentos actuales, se van teniendo en cuenta por la cúpula rectora del país. Es imprescindible para la supervivencia del régimen, ante la crisis política, económica y social que vive, escuchar al pueblo e ir amoldando el país a esos reclamos. Desde nuestra perspectiva, el pueblo de Cuba va tomando conciencia del poder real que tiene. La situación actual del mercado interno demuestra la necesidad de flexibilizar las modalidades de comercialización y acercar el comercio a la comunidad.

Aunque de manera informal, la Venta de Garaje se venía realizando en Cuba desde hace mucho tiempo. Era un reclamo de la población la legalización de dicha actividad ya que en ocasiones se sufrían los embates de inspectores. Se corría el riesgo de perder la mercancía, la imposición de multas y hasta de ir a un proceso penal por realizar actividad económica ilícita.

El binomio Canel-Marrero busca en el sector privado una alternativa para enfrentar la crisis financiera; pese, a los duros estragos de la Tarea Ordenamiento.

El Banco Central de Cuba (BCC) emitió la Resolución 222/2021, que autorizó alimentar con remesas y transferencias, las cuentas corrientes en MLC de los emprendedores, ONG, fundaciones, instituciones religiosas y fraternales.

El gobierno de Canel ha emitido una Ley de MIPYMES; aunque, a éstas les niega relacionarse con diversas fuentes de financiamiento, exhorta a la ciudadanía a emplear -en carácter de inversión- las remesas familiares provenientes del exilio.

Y los nuevos empresarios han de operar a ritmo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, una vez que los socios realicen el 100% de los aportes -sean en bienes, derechos o dinero- sin posibilidad de adicionar progresivamente capital social.

Con el Decreto Ley 346, ha ocurrido un aplazamiento en la emisión de disposiciones legales que permitan la libre asociación entre inversores extranjeros y nacionales para la creación de empresas privadas, cuestión que disminuye la entrada de activos al país.

Las fuentes de financiamiento de los privados quedan restringidas a la obtención de créditos bancarios y a su inserción en Proyectos de Desarrollo Local; esta última, según los intereses del Plan de Desarrollo Territorial aprobado por gobiernos provinciales.

El gobierno de Cuba aprueba Ley de MIPYMES frente a una obsoleta política tributaria, que no garantiza la inserción de las empresas en el débil mercado nacional y restringe la capacidad de inversión de capital, afectándose la creación de puestos de trabajo.

El Decreto Ley 113 rige el Sistema Tributario en la Isla; pero, ha sido modificado en lo referido a la seguridad social para establecer como base de cálculo un 20% de la contribución del socio o trabajador según escala, que inicia en los 2 000 CUP y concluye en 9 500 CUP.

Sumado a ello, el Decreto Ley 49 considera un mínimo exento de 39 120 CUP anuales y el tipo impositivo aplicado a escalas de ingresos mensuales, que inicia en un 3% sobre ingresos inferiores a 75 000 CUP y concluye en un 25% para aquellos superiores a 350 000 CUP.

Se establece un 5% como retención sobre la Distribución Anticipada de Dividendos, que se descuentan del impuesto a liquidar por los socios anualmente, quienes están exentos en el primer año de operaciones del pago de Impuestos sobre Ingresos Personales.