El 16 de mayo el ajetreo mañanero en torno al Mercado agropecuario Santa Rosa, de la provincia de Camagüey (al centro este de La Habana), fue abruptamente alterado por la llegada de un ómnibus del cual descendieron policías e inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión. El establecimiento comercial concentra un buen número de emprendedores privados, en su mayoría vendedores de viandas y hortalizas. Sin embargo, los uniformados y los inspectores sabían a quienes debían dirigirse.
Ceñudos y hoscos pasaron sin molestar a los “cuentapropistas buenos” y a varios vendedores ilegales habituales del lugar que no pagan impuestos. De manera descompuesta y llegando a la agresión verbal, la emprendieron únicamente contra los cuentapropistas opuestos al Gobierno, demostrando que estaban bien instruidos de cómo debían actuar.
Lency Mitjans, Jorge Luis Suarez Tan y José Antonio Montes, cuenta propistas abiertamente opositores al Gobierno cubano, vendedor de hortalizas y frutales, los primeros y productor vendedor de accesorios de goma, el otro; fueron agredidos verbalmente de forma descompuesta por agentes policiales. El objetivo era provocarles para que cayeran en un delito de desacato o atentado. Finalmente, les fue impuesta una multa de 700 pesos y, al igual que otros dos vendedores legales, fueron detenidos y conducidos a la Unidad Policial de Avellaneda donde les retuvieron durante unas 3 horas aproximadamente.
Para este Observador de derechos económicos, este hecho, más que un acto de fiscalización y control, fue un acto represivo bien calculado por parte de los órganos de la policía política cubana para acallar las voces disonantes.