La propiedad de todos y la responsabilidad de nadie. ¿Qué es el Estado bajo esta filosofía y qué papel juega?

Abordar temáticas relacionadas con la propiedad, como categoría económica resulta siempre un reto, y es que su significado difiere del ampliamente asimilado por las masas. La propiedad como categoría asociada a la ciencia jurídica es la definición más aceptada y entendida por la inmensa mayoría de la población, esta se define como aquel poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley.

Sin embargo el concepto de propiedad desde la visión de las ciencias económicas adopta otra significación, otro contenido. En primer lugar debemos sentar como principio para la comprensión de esta idea el hecho de que las relaciones de propiedad constituyen el fundamento de todo el sistema socioeconómico, no una relación de producción concreta. No se trata pues del vínculo que se establece entre hombre-objeto, sino más bien de las relaciones entre los hombres en virtud de la apropiación de los medios de producción y los resultados del trabajo.

Es por ello que a cada tipo de propiedad, por su naturaleza, corresponde una forma organizativa y métodos de gestión particulares. El cambio de los sistemas de gestión provoca cambios en las relaciones de propiedad.

Por lo tanto el concepto económico de propiedad hace referencia a aquellos vínculos estables, duraderos y objetivos que se establecen entre los hombres en los procesos de producción, distribución, cambio y consumo, que caracterizan las relaciones de producción de cada Formación Económica Social (FES) y que a su vez constituyen la base económica.

La propiedad a lo largo de la historia ha adopta diferentes formas y estas han respondido entre otras a condiciones históricas, de desarrollo técnico, tecnológico y de producción, a cuestiones subjetivas¹, entre otras.

En la sociedad cubana contemporánea conviven cinco formas de propiedad (definidas teóricamente por la teoría marxista leninista) que gozan del reconocimiento legal de las autoridades en la isla. Estas son: la propiedad privada, la pequeña producción mercantil, la propiedad cooperativa², el capitalismo de estado y la propiedad de todo el pueblo. Esta última conocida popularmente como propiedad estatal, aunque cabe aclarar que incluso desde la teoría científica construida para respaldar las políticas aplicadas por el gobierno en la isla y heredera de la construcción teórica soviética, eso resulta un error. Ya que el Estado no es propietario, el verdadero propietario según el entramaje conceptual concebido es todo el pueblo de Cuba.

Estas ideas sobre el verdadero dueño de los medios de producción ha ganado un poco más de claridad a partir de las jornadas de conceptualización de la economía nacional de la isla impulsadas con la realización de los dos más recientes congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El objetivo de este trabajo es analizar con visión crítica, de forma objetiva y desde las ciencias económicas la funcionabilidad de la propiedad de todo el pueblo (en lo adelante propiedad estatal³) en la construcción de un modelo económico cubano coherente que garantice a corto plazo crecimiento económico y a largo plazo desarrollo.

El autor de estas ideas no desconoce las carencias e irracionalidades teóricas y prácticas que presentan el resto de las formas de propiedad antes mencionadas y que reconoce el gobierno cubano, mas este trabajo se concentra en la forma de propiedad dominante y generalizada, la forma básica que caracteriza y distingue el sistema alternativo que se pretende construir. Es además la forma que domina la producción de bienes y servicios, en proporción apabulladora, dejando escaso espacio para el resto de las formas que se utilizan para gestionar y decidir sobre los recursos.

Fue primero el denominado proceso de actualización y luego todo el aparataje teórico y documental que movilizaría los dos más recientes congresos del PCC, los primeros y más serios acercamientos a un cambio de la propiedad estatal cubana que se acercaba a su medio siglo de existencia. Con el inicio del gobierno de 1959, los espacios para formas de propiedad no estatal, han sido seriamente limitados. Recordemos brevemente algunos hechos que respaldan esta aseveración: primero se confiscan los bienes de importantes empresarios nacionales y extranjeros, sin reportar en la inmensa mayoría de los casos retribución económica alguna a los legítimos dueños de estos negocios; segundo, más adelante los bancos de la isla son arrebatados por el gobierno, dejando en operación únicamente dos entidades extranjeras⁴ y  por último en 1968 se registra la denominada “Ofensiva Revolucionaria”, un movimiento que entre otros fines tenía como propósito traspasar a manos del ya fortalecido Estado, todos los pequeños y medianos negocios que aún perduraban en la isla. Este último acontecimiento constituye el golpe de gracia final a la propiedad privada y a todas sus posibilidades de creación.

Desde el punto de vista teórico podemos afirmar que el cambio llevado adelante por el nuevo gobierno instaurado en La Habana a partir de enero de 1959, fue profundamente radical. La base económica de la nación, que se expresan en sus relaciones de producción fueron indiscutiblemente transformadas, y el fundamento del sistema socio-económico: la propiedad, sufrió una recomposición, que en el corto plazo facilitó la posterior adecuación de la superestructura a las nuevas condiciones políticas que había impuesto este nuevo gobierno a Cuba.

De esta forma y en un espacio de tiempo menor a una década, se logró, construir, establecer y consolidar la denominada propiedad estatal. En esta composición, se ha de significar que escaso es el espacio que logra acaparar aquellas empresas, industria u otra entidad de nueva creación. Más del 80% del nuevo, potente y consolidado (en sus inicios) aparato estatal, provenía del desalojo y la expropiación de bienes realizada a pequeño, mediano productor y grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Resultó quizás un poco sencillo el hecho de construir en menos de una década, la base económica que respaldara materialmente la propuesta política instaurada y a su vez y de paso, atribuir a la recién nacida Revolución de los hermanos Castros, éxitos y resultados económicos precedentes, fruto del sistema capitalista, ese que no cesan de criticar, pero al que inexplicablemente siempre recurren cuando de problemáticas económicas en Cuba se trata.

Para entender la idea anterior el autor propone analizar los siguientes acontecimientos, así como la reacción de las autoridades cubanas. Primero: el inicio de la década de los 90 del pasado siglo (XX), significó un período sumamente difícil, pues tras el abandono de la URSS y el resto de los países que conformaban el denominado Campo Socialista, las autoridades de la isla elaboraron e implementaron un reforma económica que en esencia tenía como fin la supervivencia del sistema construido por Castro y para ello recurre a medidas como: apertura al trabajo por cuenta propia⁵, apertura al capital extranjero, despenalización del dólar, descentralización de las decisiones sobre política económica, entre otras. Segundo: a partir del 2008 y con énfasis a partir del2011 con el VI Congreso del PCC, las autoridades de la isla por vez primera reconocen públicamente la posibilidad de reversibilidad del sistema económico, político y social construido. De esta forma se reconocen serios problemas de la economía y se proyecta para su solución la denominada “Actualización del modelo económico cubano” que más adelante se materializaría en los “Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución” y más recientemente en la “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” y el “Plan de desarrollo económico y social hasta el 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos”. Todo ello plantea en esencia la apertura hacia otras formas de gestión y de propiedad, apuesta por un incremento de la inversión extranjera que tribute de forma directa a contrarrestar la descapitalización generalizada de las industrias y el reprimido salario. Así mismo racionaliza (aunque de forma insuficiente) las derogaciones sociales y los gastos asociados a las diferentes organizaciones del sistema. Propone el pago progresivo de la deuda y defiende el principio racional de no gastar por encima de los ingresos que son capaces de captar como estado.

Tal parece que ante situaciones de amenaza real al gobierno instaurado por los Castros, estos no apuestan su salvación a las empresas estatales que hoy dominan la economía del país. Y sus razones tienen, pues el modelo de desarrollo económico adoptado por la isla desencadenó en una terrible e irreversible situación para estas estructuras. En su mayoría las industrias estatales se encuentran descapitalizadas, ya que la política de reinversión para el mantenimiento y la modernización se pasó por alto. Hace algunos años se intenta hacer crecer la formación bruta de capital, pero el nivel de descapitalización es exuberante y los niveles de ahorro de la nación son mínimos pues apenas rebasan el 10% (cuando se requieren niveles del 20% bajo condiciones normales).

Súmese a todo lo anterior condiciones calificadas como subjetivas⁶ como: el decrecimiento de la productividad del trabajo; el resquebrajamiento de la disciplina laboral, el amor y respeto al trabajo; el aumento gradual y peligrosamente desmedido de la corrupción en todas las ramas, sectores, organismos y en los diferentes niveles de la economía y sus órganos de dirección y control.

En una revisión general primero de los Lineamientos y luego de los más recientes documentos emitidos por el VII Congreso del PCC⁷, se puede identificar la ausencia o carencia total de proyecciones o políticas que desde las autoridades de la isla como centro único y regulador absoluto, impulse nuevos aires hacia sus empresas estatales socialistas. Los aspectos tratados son básicamente subjetivos e indirectos, enfocados en la acostumbrada y ya demostrada ineficaz formulación de políticas sociales y de compensación que enriquezca la formación profesional e integral del ciudadano, pasando por alto nuevamente necesidades básicas que matemáticamente son imposibles de satisfacer con los niveles actuales de ingreso que percibe el cubano promedio de a pie⁸. Aparece nuevamente la vieja solución de reprimir las políticas salariales y robustecer las políticas sociales para compensar la anterior.

El tema de los ingresos por el concepto de salario, es sin dudas un asunto de suma sensibilidad, puesto que implica la derogación por parte del Estado ante los resultados del trabajo, fruto del esfuerzo individual o colectivo. Estos ingresos constituyen hoy en su mayoría el único con que cuentan los cubanos de a pie.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en informe emitido en los inicios del año 2016, el salario medio mensual del cubano en el año 2015 alcanzó los 687.00 CUP⁹. Sin embargo algunas provincias de Cuba se encuentran por debajo de esta media, ellas son: Artemisa (668.00 CUP), Mayabeque (642.00 CUP), Camagüey (650.00 CUP), Las Tunas (643.00 CUP), Holguín (669.00 CUP), Granma (633.00 CUP), Santiago de Cuba (628.00 CUP), Guantánamo (624.00 CUP) e Isla de la Juventud (617.00 CUP).

Sin embargo la situación se hace quizás más difícil de comprender cuando se analiza la tabla No. 7.4, en la que se refleja el salario medio mensual en las entidades estatales y mixtas por clase de actividad económica. En dicha tabla se aprecia que las actividades menos remuneradas por la vía salarial son: Hoteles y restaurantes¹⁰ (435.00 CUP); Cultura y Deporte (487.00 CUP); Otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales (504.00 CUP); Administración pública, defensa y seguridad social¹¹ (525.00 CUP); Educación (537.00 CUP) y Comercio y reparación de efectos personales (657.00 CUP).

Esta propiedad estatal se articula en dos grandes estructuras para materializar su funcionamiento, estas son las empresas (sistema empresarial estatal) y las unidades presupuestadas. En el caso particular de la economía cubana, esta última (unidades presupuestadas) constituye una estructura sobre dimensionada, que respalda de manera material, financiera y humana, las actividades que se realizan cuyos recursos provienen necesariamente de los ingresos que son capaces de generar las empresas. Otras fuentes de ingresos son los tributos grabados a las escasas formas de gestión y propiedad que conviven dentro de la economía bajo férreas regulaciones; y el acceso a créditos internacionales, la conocida deuda externa. Esta última ha sido la vía utilizada por el gobierno para mantener un cúmulo de programas sociales, carentes en su mayoría de impacto real sobre el nivel de vida del cubano de a pie y que condenaron irremediablemente a la caída de la economía nacional, su recesión y el endeudamiento externo.

Tras la asunción de Raúl, el menor de los hermanos Castro, esta situación ha sido claramente ventilada por la administración y reconocida como uno de los errores cometidos en la construcción del modelo económico cubano tras irrumpir en el poder en 1959. Como salida paliativa se han tomado un grupo de medidas como parte del proceso de reorganización nacional que intentan modificar la situación actual desencadenada (contracción de las derogaciones del aparato estatal destinadas a actividades que no generan ingresos, renegociación de la deuda y pago progresivo de la misma, apertura a la existencia y funcionamiento de otras formas de propiedad separadas del aparato estatal, entre otras).

Pero escasos han sido los resultados alcanzados con la aplicación de las medidas y ajustes antes mencionados. Se trata entonces de una evasión evidente a la principal problemática teórica, conceptual y estructural de esta economía, la propiedad estatal sobre los medios de producción y su carácter dominante.

En las condiciones de una economía nacional (incluso la cubana clasificada como pequeña con un Producto Interno Bruto [PIB] que asciende a 54 450 millones de pesos) la regulación total de la actividad económica desde un centro único, con la responsabilidad de planificar los procesos, organizar su concreción, dirigir estas actividades y controlar como parte y como ente superior. Súmese a ello las funciones que como Estado y Gobierno deben cumplir, y se entenderá cuan complicado resulta que un mismo ente sea capaz de materializar todas las tareas requeridas y obtener resultados favorables (recordar que en la nación caribeña ha sido reconocido por el gobierno como una de las dificultades la unidad entre las funciones estatales, de gobierno y partidista, a partir de la organización política de esta sociedad y la concentración de poderes que la caracteriza).

La siguiente información se construye a partir de datos ofrecidos en la publicación “Panorama Económico y Social. Cuba 2015”, emitida por la ONEI.

Tabla No 1: Principales entidades por formas organizativas¹²

Unidad de Medida: Unidad

Año	Total13	Entidades
		Empresas14	Sociedades Mercantiles15	Cooperativas16	Unidades Presupuestadas17
2014	10 024	1 992	229	5 506	2 297
2015	10 014	1 956	224	5 473	2 361

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información ofrecida por la ONEI.

La información que se presenta devela varias realidades que describen al menos superficialmente varios de los fenómenos sociales, políticos y económicos que vive hoy la isla y que algunos de ellos se comparten en estas breves ideas. Primero, se aprecia una reducción del número total de entidades que bajo la sombra del aparato estatal establecido por el gobierno, de desenvuelven en la isla (10 entidades menos). Segundo, existe una contracción en el número total de empresas (se reducen en 36). Tercero, las sociedades mercantiles se reducen (son 5 menos que las registradas en el período anterior). Cuarto, existe una disminución en el número de cooperativas que operan (se registran 33 menos que el año anterior). Y quinto, se aprecia un notable incremento de las unidades presupuestadas (se registran 64 más que en el periodo anterior).

En resumen: el gobierno de Castro amputa aquellas entidades cuya función esencial es generar ingresos, que constituyen bajo esta forma social de organización (caracterizado por un alto grado de estatización de la economía nacional) la principal fuente de bienes y servicios para la población, y a su vez, acrecienta el número de entidades que existen y funcionar mediante las arcas estatales (las unidades presupuestadas), incapaces por su objeto social de generar entradas a la economía. Se trata pues de una acción poco racional, una decisión de política que a largo plazo continuará imponiendo sobre las nuevas generaciones el alto costo de una deuda que se incrementa, en la misma medida en la que esta nación, caracterizada por sus insuficientes recursos naturales, escaso desarrollo técnico, tecnológico y de innovación y con serias limitaciones estructurales en su economía nacional, pretende continuar por caminos que muestres grandes gastos y escasos ingresos.

Y es que el concepto de propiedad estatal, tal y como se articula por los autores que se afilian a la denominada teoría marxista leninista, parece un tanto alejada de la realidad y lindando con posiciones y visiones utópicas de una sociedad donde la realidad económica, política, social y hasta cultural (visto desde la naturaleza humana), limita su concreción real. Sería poco objetivo y profundamente egoísta negar aquellas intensiones humanistas, de igualdad, de equidad y de desarrollo, entre otras que propone esta corriente de pensamiento. El tamaño problema reside en el supuesto subjetivo que sustenta esta llamada “nueva sociedad”, donde el “hombre nuevo”¹⁸, juega un papel determinante. Una sociedad totalmente armonizada, donde según el filósofo alemán Karl Marx “(…) cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la  riqueza colectiva” y la conciencia social alcanza un nivel de madurez tal que todo hombre antepone las necesidades sociales a las personales, asimila el trabajo no como un medio para el logro de un fin, sino que entiende este como el fin u objetivo de su existencia. Marx en el texto: Crítica al programa de Gotha lo resume a través de estas palabras: “(…) cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital”.

En estos y otros supuestos se puede ahondar y descubrir nuevos y retadores preceptos que pueden quizás seducir a más de un romántico, pero a la larga, la realidad histórica, social, económica y política, confirma que tales preceptos son poco probables de aplicar a una sociedad contemporánea actual que albera en su seno diversidad ideológica, cultural, económica y de diversas índoles.

La propiedad estatal en Cuba es quizás reflejo práctico de un acercamiento contemporáneo a esta utopía definida desde la teoría marxista leninista, bajo las condiciones que impone una sociedad moderna, sus valores y sobre todo las características de su población.

El resultado final que se obtiene entre otros: una masa trabajadora que se encuentra lejos de sentirse dueña de los medio de producción, entre otros factores por la escasa participación real y objetiva, no solo en las decisiones de su centro de trabajo sino de toda la sociedad en general. Resulta entonces que la idea de hacer creer a todos que cada propiedad en el país es de su pertenencia, resulta quizás gratificante a primera vista, pero a largo plazo esta falsedad preconcebida termina por auto-derrumbarse. Frases populares como “lo que es de todos, no es de nadie”, resume quizás el inevitable desenlace de esta carencia objetiva y real de pertenencia por parte de los denominados por el gobierno como los “verdaderos dueños”: todo el pueblo.

Se cuenta además con un Estado incapaz de manejar eficientemente la actividad económica de toda la nación, un Estado con una estructura industrial y productiva que sobrepasa con creces los límites objetivos con que se puede operar. Además nace una nueva clase de políticos (definidos por el gobierno como cuadros de la revolución), que concentran bajo su poder las decisiones empresariales, son gobernantes y funcionarios del Estado. Resulta entonces poco creíble que bajo un sistema económico, político y social, verdaderamente participativo y democrático el sistema de relaciones sociales de producción, funcione bajo esta dinámica y más difícil resulta aún presentar a escala nacional y hasta internacional, esta receta como viable e incluso exitosa (según las teorías del desarrollo construidas por las instituciones investigativas que generan ciencia por encargo del gobierno y para su respaldo, esta es la única y verdadera vía al desarrollo: el socialismo y por lo tanto una dominación mayoritaria de la propiedad estatal).

Se une a las condiciones de esta sociedad cubana actual y como resultado de lo anterior, una creciente desmotivación hacia el trabajo bajo esta forma de propiedad. El fracaso del modelo aplicado y la transmisión de este directamente a la economía, afectan en primer lugar los niveles de ingresos y luego contrae el poder adquisitivo de la población. Varias son entonces las soluciones que se buscan, y no pocos se enrumban hacia la penada práctica de la corrupción, no como solución facilista o como vía inmoral y delictiva, sino sencillamente como única salida para subsistir bajo las terribles condiciones que impone el sistema cubano actual.

Se alude aquí a cientos de miles de familias cubanas que aprecian la cotidiana ineficiencia, el inmovilismo institucional y la ausencia de políticas estatales reales que reviertan la situación actual, y por lo tanto asumen su decisión y los riesgos que ella implique.

Bajo las condiciones dominantes de esta forma de propiedad el mecanismo económico sufre una importante modificación: las regulaciones del mercado son remplazadas por la planificación socialista, un sistema de organización estricto de la producción de bienes y servicios así como de los gastos a derogar, esta tiene carácter nacional y se aplica para todos los sectores y ramas de la economía. Esta política, en muchos casos es rígida y con escasa capacidad de adecuación a las condiciones imperantes a nivel internacional.

La presencia del mercado bajo estas condiciones de regulación estatal generalizada y planificación racionalizada de los insumos destinados a la producción de bienes y servicios, se convierte en un sinsentido, bajo las condiciones de múltiples formas de propiedad promovida recientemente por las autoridades. Vuelven entonces a apreciarse extrañas manifestaciones que se apartan de los principios de las ciencias económicas.

La función que asume el mercado bajo estas condiciones de planificación central y estatizada, son atípicas y deformes, donde la escases tanto de recursos como de competidores permite entonces al ofertante, definir el volumen total a producir o servir, las formas o maneras del producto o servicio, los precios y hasta las condiciones, asfixiando así todo tipo de competencia como regulador espontáneo del ejercicio de intercambio. Bajo estas condiciones, se crean las bases para que sea el oferente incluso el que seleccione los posibles consumidores, gozando además del privilegio de rechazar los que considere menos importante. La escases (o la racionalidad en la distribución de los recursos, como lo denomina el gobierno) y las crecientes necesidades de consumo por parte de la población apuntala la idea anterior.

Esta realidad no afecta de forma exclusiva al consumidor directo, sino que las nuevas figuras económicas que emergen, los denominados cubanos emprendedores (también conocidos como trabajadores por cuenta propia¹⁹), sufren igualmente esta problemática, pero incluso peor, pues se le aplica en ambos sentidos: inicialmente como demandantes (en la compra de insumos, máquinas, herramientas y otros) y luego como oferentes (cuando desarrollan la actividad en cuestión)

No se trata pues de enajenar completamente al Estado de la actividad económica que desarrolla una nación, se trata de que este organismo sea capaz de generar políticas que incidan sobre el crecimiento de la economía y su posterior desarrollo. El Estado debe ser un facilitador de la actividad económica, un protector ante situaciones de riesgo o incertidumbre sobre la economía, un solucionador global de conflictos de intereses y no el poseedor dominante y total decisor de los caminos.

La economía cubana actual, hija del sistema socio-económico construida al calor de la edificación del socialismo, se puede definir como la antítesis al desarrollo económico ordenado, participativo y democrático, una realidad que aparta ferozmente toda teoría científica, lógica, razón y hasta los propios resultados que se obtienen de sus erradas prácticas. Solo se pueden suponer como justificación a tales posiciones dos posibles explicaciones: la primera y quizás la menos probable según el autor, es la existencia de decisores carentes de preparación, visión de futuro y hasta sentido común. Y la segunda, la necesidad de aferrarse a una política o posición probadamente fallida, ante su contraparte de reconocer el error cometido y recobrar un nuevo rumbo.