¿Existen verdaderas cooperativas agropecuarias en Cuba?

En el barrio de Guayabo, en Mayarí, provincia Holguín, como en todos los territorios rurales del país, existe una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) y se nombra “Desembarco del Granma”. La CCS es un tipo de cooperativa agrícola en Cuba que agrupa a campesinos propietarios de sus tierras o usufructuarios de fincas estatales.

Existen otras dos modalidades (Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC)), que son más claramente una especie de empresas estatales con ciertos ingredientes del modelo cooperativo, donde la propiedad de la tierra es 100% estatal. Lo más similar en nuestro país a una cooperativa agraria es la CCS.

Como concepto, “una cooperativa es unaasociación autónoma depersonas que se hanunido voluntariamente para formar unaorganización democrática. Cuyaadministración y gestión debe llevarse a cabo de la forma queacuerden lossocios. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los asociados mediante una empresa, cuya tipología estará condicionada a la diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.), que conforman el objeto social pactado”.

Autonomía y voluntariedad

Cabe destacar que las cooperativas cubanas no se organizan autónomamente, pues es el Estado quien las fomenta y el único que puede hacerlo. No es permitido que un grupo de campesinos, por iniciativa propia, creen su propia cooperativa.

Es ateniéndose a cuestiones territoriales y por interés político-organizacional de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) y del Partido Comunista, unido a los intereses económicos de la Empresa Agrícola municipal y vinculada a las divisiones político-administrativas de los municipios, que se corresponde la iniciativa constitutiva de las cooperativas, según su tipo.

Veámoslo en nuestro ejemplo: la CCS “Desembarco del Granma” comprende a todos los campesinos individuales del Consejo Popular Guayabo. Hace unos años atrás los campesinos tabacaleros quisieron crear una cooperativa, aparte del resto que producen cultivos varios. Pero la ANAP, única organización campesina en Cuba y que está subordinada al Partido Comunista, no lo permitió.

Por otro lado, por ley todo propietario está obligado a trabajar la tierra o delegar un poder en otra persona, so pena de ser multado. También por ley si se explota la tierra se tiene que comercializar a través del Estado (Empresa de Acopio) el 80% de la producción, al precio que el comprador impone, so pena de perder el título de propiedad.

Igualmente por ley los campesinos tienen que hacer la comercialización a través de la cooperativa, pues no se puede vender directamente. Y por ley el acceso al crédito bancario es mediado por una CCS, pues no está permitido a los campesinos negociar personalmente con los bancos. Lo mismo sucede con todo paquete tecnológico y contrato productivo de cualquier cultivo fomentado (tabaco, frijol, maíz, etc.) tiene que contratarse obligatoriamente a través de la CCS.

Por consiguiente, es obligatorio asociarse a una cooperativa par ser campesino activo en Cuba y con todo esto se viola un principio básico del espíritu “cooperativo”: la autonomía y voluntariedad.

Espíritu democrático

Cada 2 años y medio se realizan elecciones en una CCS, según está establecido en el reglamento general que entrega la ANAP y que es de obligatorio cumplimiento.

Siguiendo con nuestro ejemplo: en este mes de noviembre se realizó el proceso eleccionario en la “Desembarco del Granma”. Una Comisión de tres miembros determinada por la propia Junta Directiva visitó a los campesinos y creó una lista de 11 candidatos. Los nombres más recurrentes entre las propuestas, “casualmente”, fueron los propios dirigentes en funciones.

Llegado el día de la “elección” se debía votar por todos igualmente, con una sola cruz. Si no se votaba por algún candidato era obligatorio sumar un sustituto al final. La gente esperaba que pudieran poner dos cruces por el que más creían apto para Presidente, pero no fue así. El reglamento no se divulga.

Lógicamente, “salieron todos electos”. Manipulan las elecciones y hacen lo que quieren. Se reunieron en una oficina y determinaron que siguiera la misma Presidenta en funciones, a pesar de que fue quien menos votos obtuvo. En ese marco estrecho fue la primera propuesta que hizo alguien previamente encargado y el resto aprueba presión de grupo. Luego informaron a los socios reunidos “que se mantiene la misma dirección de la CCS”. Nadie sintió que eligió a nadie, todo fue indirecto y manipulado.

“No sabemos si esto es legal o no, pero lo que sí sabemos es que no es ni correcto ni justo”. –criticó un joven campesino al salir de la “elección”.

El proceso es dirigido y controlado por la ANAP y la Empresa Agrícola estatal del municipio. Los dirigentes de la ANAP municipal, provincial y nacional ni siquiera son electos de ninguna forma por los campesinos: se ponen entre ellos de acuerdo con la política de cuadros del Partido.

Con todo esto se viola otro principio básico del espíritu cooperativo: la democracia.

Intereses comunes de los socios

La empresa estatal de Acopio no negocia precios con los productores de acuerdo al mercado, sino que tiene la facultad de imponerlos. Sumando al derecho de comercialización del 80% de la producción, los intereses de los campesinos se ven comúnmente diezmados.

En la práctica el campesino procura evadir tan draconianas normativas, de manera que puedan tener mejores resultados económicos. Desvía aproximadamente el 50% para el mercado real, que es el privado (puntos de ventas e intermediarios). Estos últimos pagan al contado, al precio equiparable con el resto de la economía, de la inversión en el proceso productivo y del costo de la vida.

Por su parte Acopio incumple habitualmente con los cronogramas de comercialización. No tienen suficientes embases, tarda en pagar y es muy exigente para comprar por calidad. Luego lo que compran como “de tercera” se ve comercializándose a precio “de primera” en los mercados estatales. Llueven sobre mojado los planteamientos y quejas de los campesinos en las asambleas de asociados y solo se reciben promesas de mejor trabajo, se justifican con los mismos problemas e incluso con el bloqueo norteamericano.

Lo peor es que la cooperativa en la práctica no defiende los intereses económicos de sus socios, sino que actúa como un agente estatal para velar que se cumplan lo más posible las regulaciones feudales a favor de sus empresas ineficientes.

Se viola así el objetivo esencial de una cooperativa: responder al mejor interés de los socios.

El sistema cubano no ha podido exhibir un resultado satisfactorio de su gestión económica tras casi seis décadas de experimentación. Sus fórmulas voluntaristas, estatistas, centralistas y últimamente capitalista de Estado han fracasado, porque son antinaturales e incongruentes con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo. Simplemente son disfuncionales.

Aun dentro de tan poco halagüeño modelo económico, si lo hubiesen complementado con un movimiento cooperativo verdadero, al menos tuviesen un mejor resultado en el sector agrícola, tan sensible para la mesa y los bolsillos del cubano.

Solo con eficiencia, productividad y competitividad se puede multiplicar la producción agrícola cubana y hacerla rentable. Y se podrían ofrecer mejores precios a nuestro pueblo, que ganando míseros salarios paga a precio de boutique sus alimentos básicos. Y a ello jamás se llegará con imposiciones y exceso de control.

Si las “cooperativas” cubanas no son autónomas, ni espontáneas, ni voluntarias, ni se rigen por métodos democráticos de trabajo, y tampoco responden a los mejores intereses de sus socios, entonces no son verdaderas cooperativas.

En la Nueva Cuba que debemos construir sobre bases democráticas, el “movimiento cooperativo” ha de jugar un papel importantísimo. No solo en el sector agrario, que es en cierta forma su área tradicional de expansión en nuestro país, sino en muchos otros sectores más. Ya las tímidas aperturas iniciadas por Raúl han demostrado su factibilidad, pero el gobierno recientemente las bloqueó, por temor al cambio real y al empoderamiento económico de sectores no estatales derivado de su mayor eficacia.