«Mientras más produces, más crece el porcentaje de impuestos, ¡hasta el 45%! Eso es como trabajar a la mitad con el Estado, y la tierra es mía», comenta un joven tabacalero de Mayarí, Holguín, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias.
«Dependemos de la empresa de tabaco y aquí todo es del Gobierno. Si se ponen para ti, te joden. Aunque no te digan nada, te dan la mala y no te dejan trabajar. Estamos amarrados», lamenta el joven.
El Estado cubano comenzó a exigir a los productores agrícolas a partir de 2018 presentar la declaración jurada de sus ingresos personales ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), para aplicarle una nueva escala de ingresos progresivos de hasta el 45%. La medida, que comenzó a tener efecto en enero del presente año, viene a incrementar una serie de dificultades que atentan contra el desarrollo del agro cubano, relacionadas con el burocratismo y la ineficacia del sistema económico planificado y estatista
«Con este sistema nuevo pagamos demasiados impuestos», explicó el joven productor. «El que produce poco queda igual, pero el emprendedor, el que quiere crecer, no puede. Es como si no quisieran que se produzca bastante, o que la gente produzca sin tener ganancias. ¡Eso es imposible! Hablan de contrarrevolución, de bloqueo y de imperialismo, pero los verdaderos enemigos son ellos mismos con esas leyes que inventan para joder al hombre que trabaja», criticó. «Ya este año tuve que pagar más al fisco, pero para el otro no va a ser igual», dijo insinuando que pondrá en práctica una nueva estrategia.
Recientemente, en un debate en la cooperativa Desembarco del Granma, varios campesinos (precisamente los que más producen) se quejaron del incremento fiscal progresivo y manifestaron que, en consecuencia, cambiarán sus formas de trabajo. Algunos han decidido bajar las producciones de obligatoria o preferente comercialización con el Estado y dirigir en lo adelante un mayor volumen hacia el sector privado o al mercado informal.
El objetivo es burlar el fisco exagerado sin dejar de producir, porque de eso dependen sus ingresos. Aunque ya algunos productores valoran abandonar el agro, pues a fin de cuentas el Estado tiene la prerrogativa de requisar las producciones de los particulares si se viola su «derecho» a la comercialización de hasta el 90% de las cosechas.
Y con la renovada crisis de liquidez del Gobierno cubano, bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, las autoridades están aumentando la exigencia sobre las producciones agropecuarias no estatales para paliar el desabastecimiento crítico.
«Ya teníamos suficientes impuestos para la forma de producir que tenemos, llena de dificultades. El 5% que nos cobra la ONAT es sobre el total bruto que producimos, que equivale, según nos dicen, a un 25% de la ganancia si todo sale bien. Asumen una inversión del 70%. Pero si nos sale mal la producción y no tenemos ganancias, también nos cobran el 5% del ingreso bruto, incrementando la desgracia. Igual pasa con el 2% de la cooperativa y un 2% más para una cuenta sociocultural», dijo Fernando, un usufructuario ganadero.
«Cuando tenemos ganancias extraordinarias muchas veces lo que hacemos es compensar otros momentos de pérdidas. La agricultura es así, impredecible y muy riesgosa. Pero ahora a esa ganancia extraordinaria le aplican más impuestos en la declaración jurada y eso va contra esa compensación interna de uno mismo con las producciones que hace», explicó.
«Se pierde mucho el incentivo con estos nuevos impuestos. Ahora hay gente disgustada, pero será peor en lo adelante, cuando se sientan más las consecuencias a mediano y largo plazo. Es una política errada», opinó Fernando. «Se necesita estimular a la gente para producir y estas medidas hacen todo lo contrario».
Tras una década de reformas impulsadas por Raúl Castro durante su mandato, que incluyeron la entrega en usufructo de cerca de dos millones de hectáreas de tierras ociosas, e inversiones millonarias, el resultado está lejos del salto productivo esperado.
En vez de disminuirse la dependencia de las importaciones de alimentos en el país, esta se ha incrementado de 1.500 millones de dólares al año hasta los 2.000 millones, lo cual deja al Gobierno en una situación más complicada aún ante la actual crisis de liquidez.