Aunque la mayoría estábamos esperanzados con la nueva normalidad y que este 2021 sería un poco mejor con respecto al contagio de la Covid 19, el mes de enero nos dio de bruces cuando una vez más, luego de varios meses con bajas tasas de contagio en el país, se vuelve a cerrar las ciudades por otro pico de infectados por el coronavirus.
Claro está, que cerrar las ciudades lleva aparejado un grupo de medidas y restricciones para detener el contagio, medidas que una vez más tienden a afectar drásticamente el desempeño de los cuentapropistas, como es el caso del cierre de las áreas de comercialización de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y lamentablemente las herramientas de protección de ingresos, que puede y debe activar el Estado para contribuir a la economía doméstica de todos los ciudadanos cubanos, no son aparentemente iguales según los tipos de propiedad.
Los TCP vuelven a estar en peligro de perder sus ingresos, quedando a merced de sus ahorros, la “asistencia social temporal” o sus inventos como intento de subsistencia ante este nuevo periodo de crisis. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como órgano rector del Gobierno, dentro de sus medidas de protección al trabajador, contempladas en el Código de Trabajo, no ampara y protege a los TCP ante situaciones excepcionales como esta, que conllevan a la pérdida total o parcial de sus salarios, resaltando un sesgo estatal muy marcado y dejando claro los beneficios a los trabajadores de empresas presupuestadas.
El Estado cubano como propietario de empresas, es también regulador y protector de derechos laborales, por lo que está dentro de sus obligaciones y responsabilidades la protección de todos los trabajadores en Cuba y no solo de aquellos que trabajan en la propiedad estatal y entidades presupuestadas, sino a todos los sectores por igual.
Ante este nuevo paquete de medidas para frenar el contagio de la covid 19, el Estado debería tomar acciones para ayudar y proteger a los TCP, que, por segunda vez y en tan poco tiempo, tienen que volver a perder sus ingresos, sin haber estado totalmente recuperados de la experiencia anterior.
Medidas que no solo incluyan la cesantía del pago de impuestos, sino también a través de transferencias y el otorgamiento de créditos blandos, aunque si bien es cierto, que con la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento en el país, se quiere eliminar muchas subvenciones, también es cierto que este tipo de propiedad le da trabajo a más de 3 millones de cubanos y representa más del 30% de la fuerza laboral del país. Por lo que se debe pensar no solo en protegerlo, sino como hacerlo pensando en el futuro de estos negocios y el empleo que garantizan en estos momentos, pero sobre todo pensar en cómo cubrir y ayudar a los miles de familias que dependen del sector.