La vivienda es el quinto problema social que más agobia a los cubanos, después de la crisis alimentaria, los salarios, la inflación y la salud. A los cubanos les afecta no solamente el déficit habitacional del país sino también el estado de la vivienda como tal.
El derecho a una vivienda adecuada está reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos documentos suscritos por Cuba, aunque este último -de naturaleza convencional- no ha sido ratificado.
A partir de los datos arrojados por nuestro VI Estudio sobre los derechos sociales en Cuba, podríamos estimar en 1.650.000 los cubanos en viviendas en peligro de derrumbe; este mismo informe arroja que el 24% de los mayores de 70 años vive bajo la amenaza de que el techo o una pared de su casa se le venga encima.
Las viviendas con necesidad de reparación (excluyendo las que están en peligro de derrumbe) representan el 56%. En Pinar del Río son el 84%, provincia que ha sido fuertemente afectada por los huracanes en los últimos años.
La respuesta a este grave problema del deterioro de las viviendas pasa por una liberalización de la economía como única forma de enfrentar la escasez, para que se vitalice la producción y/o importación de materiales y la libre adquisición de estos a precios de mercado no monopolístico. Por otro lado, hacen falta políticas de cohesión social para responder a las necesidades de aquellos que, por motivo de edad o de enfermedad, no pueden acceder a los recursos financieros para reparar su vivienda.