Las complejidades financieras en Cuba

El régimen cubano sobrevive a pesar de la falta de liquidez en sus empresas y compromete el sistema bancario que pierde credibilidad en el entorno al incumplir las garantías básicas.

Los medios de comunicación a nivel nacional especulan sobre la aceleración del proceso de reforma monetaria y cambiaria, inmerso en un elevado proceso inflacionario.

La estrategia del gobierno pretende alcanzar un grupo de transformaciones macroeconómicas que devuelva el interés del público ante la consolidación de mercados financieros informales.

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La pandemia económica

El régimen cubano anunció el regreso a fase de trasmisión local autóctona de la COVID-19, situación que limita el intercambio comercial en el país y pone en riesgo al sector privado.

En tal sentido, el gobierno provincial de La Habana dispuso incorrectamente la suspensión temporal de las actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Se aplicó nuevamente el Artículo 24 de la Resolución 103/2019 sobre “Reglamento para el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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La inflación en Cuba

El gobierno cubano anunció medidas económicas de emergencia para hacer frente al déficit presupuestario y financiar su gestión ante el impacto de la COVID-19.

El modelo es similar al de Latinoamérica, pero esta vez la deuda no se exporta sino que recircula en el país y se sustituye el efectivo por transacciones electrónicas.

Así, se promueve la venta de la deuda pública que está en manos del Banco Central, este afectado por falta de liquidez ha comenzado a emitir billetes de alta denominación.

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Los riesgos de las medidas

La estrategia del gobierno cubano para enfrentar el impacto de la COVID-19 transita hacia una reforma de la política de empleo vigente con impacto en las relaciones económicas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció la sustitución gradual del listado de actividades de los cuentapropistas por otro que relaciona prohibiciones.

Se pretende unificar las actividades por labores en un perfil más amplio y los interesados han de presentar sus propuestas a las autoridades en sus territorios para su evaluación.

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La incertidumbre planificada

El pasado 16 de julio de 2020 el gobernante Díaz-Canel lanzó un grupo de medidas para hacer frente a la crisis económica actual tras el impacto de la COVID-19.

La propuesta elimina el gravamen del 10% que se imponía a las remesas familiares en dólares americanos, incrementando el consumo de los hogares y elevando las desigualdades sociales.

El anuncio de una ley de empresas permitirá la inversión de los nacionales basado en su carácter complementario, quienes serán controlados a través de una excesiva política tributaria.

Se otorgará autonomía a la empresa estatal como garante de un mercado mayorista, lo que impide la generación de nuevos puestos de trabajo a los privados.

Aunque se implementará una política tributaria orientada a las exportaciones, existe una alta demanda de equipos e insumos adquiridos en el exterior que aumenta los costos de bienes y servicios.

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El barco se hunde con los marineros

El 9 de julio de 2020, el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial No.48/2020 un grupo de normativas que amplían el régimen de tributación a 4 929 marinos contratados.

Se aplicará una tasa de un 15 a un 30% para el pago del impuesto sobre ingresos personales utilizando la conversión a pesos (CUP), de manera que a mayores ingresos obtenidos, mayor será el aporte.

La contratación de servicios sucede entre la naviera extranjera y la empresa estatal SELECMAR, esta última contrata a los marinos y estos a su vez firmarán un convenio laboral especial con la compañía extranjera.

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