De multas y mucho más

El régimen cubano implementa políticas de control del mercado, a través de un duro sistema de contravenciones, multas y demás medidas. Así, el Consejo de Ministros emitió el Decreto 30 del  2021, aplicable a los pequeños y medianos empresarios privados nacionales.

Las sanciones estarán relacionadas con multas y decomisos, está ultima ha sido la práctica más común durante el pasado año por los inspectores, gobiernos locales, la policía nacional y los funcionarios de la Administración Central del Estado.

Las sanciones impuestas nunca son interrumpidas al interponer apelaciones por los empresarios nacionales. Pero, de ser declarada con lugar la demanda, la autoridad deberá resolver generalmente mediante indemnización en los 10 días posteriores a la presentación del recurso.

  • También, el pago de multas superiores a los 7 mil pesos deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su imposición, que se duplica transcurrido el tiempo y de incumplir dicho aplazamiento, la instancia facultada formula la denuncia para dar inicio a un proceso penal.

La medida pretende captar recursos financieros para hacer frente a un elevado al déficit presupuestario, que tiene su originen en un incremento sostenido del gasto público no social, destinado a financiar la burocracia y el Partido Comunista de Cuba.

Nótese, que los emprendedores deben comprar dólares americanos o euros de manera informal, para acceder a insumos y equipos en la red minorista de tiendas en MLC, disparando la ficha de costos de los productos y servicios, hasta elevar los precios finales.

Se han de evitar cualquier intención represiva  que pretenda regular los precios de los privados, porque  aumentará la especulación y la devaluación de la moneda nacional, afectando a los consumidores, mayoritariamente trabajadores del sector público o de empresas presupuestadas.

Por ello, el Estado debe eliminar gradualmente las regulaciones a los precios, que paralizan la movilidad social de los distintos actores en el mercado, para llevar a cabo el buen orden económico y generar empleos dignos, bajo los principios de libertad y justicia social.

 

 

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La política de esclavitud

El gobierno cubano en medio de una profunda crisis financiera, pretende implementar un amargo proceso de ordenamiento monetario, a través de  modificaciones en la política salarial y de precios en el mercado, que afectan el consumo de la ciudadanía.

En la  Gaceta Oficial No. 4 Extraordinaria del 2021 se publicó la Resolución 02/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios; donde se establece, que las entidades empleadoras vinculadas a la inversión extranjera, reciban un 20% de lo pactado en CUC por concepto de salario a los trabajadores.

A tal manejo, le antecede la Resolución 33 del 2020 emitida por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dispone el pago de servicio por el suministro de fuerza de trabajo  entre la agencia empleadora y la asociación económica internacional.

Obsérvese, que el proceso de selección es exclusivo de la parte cubana, que  realiza injerencia en la organización sindical para la firma del reglamento disciplinario sin terceros y a su vez es el eslabón legal para la solución de conflictos laborales.

La situación requiere de un mayor análisis, porque los inversores extranjeros en la Isla se muestran preocupados por el incumplimiento en las obligaciones de pagos de las empresas y organismos gubernamentales, que afecta el comercio nacional.

Las autoridades obvian las demandas de la Asociación de Empresarios Españoles, que ha intentado relacionarse de diversas formas con los empresarios privados nacionales para desarrollar el mercado interno y generar empleos

Urge, liberar los servicios profesionales para su contratación tanto por las empresas acreditadas en la Isla como para su exportación, permitiendo al Estado la captación de recursos capaces de financiar de manera sostenible el gasto públicos social.

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Un año para el desorden

El régimen cubano planifica el Presupuesto del Estado para el 2021 y contempla una rectificación gradual de los precios, reforma salarial, pensiones y prestaciones de asistencia social para dar cumplimiento a los Lineamientos de la Política Económica del PCC.

Así, la Ley 137 del 2020 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, contiene adecuaciones en la aplicación del sistema tributario, derivadas de la implementación del ordenamiento monetario y financiero, que devaluará el peso cubano en el mercado.

Se pretende captar ingresos que respalden la actividad presupuestada en función de alcanzar una redistribución de la riqueza, a través de regulaciones a la capacidad de liquidez de las asociaciones económicas internacionales y aplicación de límites de gastos.

Aún, quedan pendientes a revisión las ambigüedades en la planificación de las reservas con destino a subsidiar a personas naturales para acciones constructivas y sectores sociales en estado de vulnerabilidad, que han de cargar los gobiernos locales.

Los presupuestos provinciales que cubren los gastos corrientes de la actividad presupuestada se nutren a través de los aportes por concepto de ingresos por impuestos sobre las utilidades de las empresas nacionales ubicadas en los territorios.

De esta manera, la inquietante “tarea ordenamiento” sufre su mayor derrota antes de iniciar su puesta en marcha, por la incapacidad de la burocracia para generar nuevos mecanismos orientados a la descentralización de los procesos de toma de decisiones.

La situación amerita un cambio en el diseño de las políticas públicas, otorgando mayor espacio de participación a los gobiernos locales, flexibilización de la legislación para el ejercicio de actividades económicas y el mercado, según los valores de la economía social de mercado.

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Inversiones en riesgo

Con la intención de modificar sus relaciones mercantiles, el régimen cubano ha sustituido el término empresas mixtas por asociaciones económicas internacionales e implementa nuevos mecanismos de asignación y distribución de liquidez.

El pasado 8 de enero de 2021, el Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba publicó en Gaceta Oficial la Resolución 153 del 2020, que modifica las bases generales para el perfeccionamiento del sistema de asignación de liquidez del Plan de la Economía Nacional.

La nueva política ha dispuesto para la ejecución de capacidad de liquidez (CL) en el sistema empresarial: la venta de divisas en moneda nacional, según la tasa de cambio establecida por el BCC, que estará subordinada enteramente a las necesidades del Plan de la Economía.

Las empresas gubernamentales cobraran en CL el 60% de las facturas a pagar por las asociaciones económicas internacionales; igualmente estas últimas, quedan obligadas a cobrar en CL menos del 60% de sus facturas en la totalidad de sus ventas.

Además, se consideran CL los pagos que reciben las entidades de turismo desde las cuentas en Cuba de los turoperadores; pero, no se consideran CL los cobros por ventas realizadas a embajadas y representaciones extranjeras desde cuentas en bancos cubanos, exceptuando los proyectos de colaboración.Todas las entidades exportadoras estatales y asociaciones económicas internacionales obtendrán la totalidad de los ingresos por exportaciones en CUP, a la tasa de cambio establecida, y podrán retener un por ciento de la liquidez de los ingresos que reciban mediante certificación bancaria.

Se pretende que las entidades nacionales y extranjeras puedan cubrir los gastos de importación y pagos de deudas, paguen las compras de productos sustitutos de importaciones con un por ciento de respaldo en capacidad de liquidez del valor total de la factura.

En el contexto, la medida monopoliza en un grupo de empresas estatales los servicios de comercio exterior, frena a los inversores extranjeros y provoca mayores fracturas en el mercado nacional, que tienen un impacto negativo en el consumo social.

Hay que brindar confianza a los distintos actores que intervienen, eliminar los brutales mecanismos de centralización para la toma de decisiones, construir nuevas oportunidades de negocios basadas en la Economía Social de Mercado y en la búsqueda del bien común.

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Ideología socialmente vulnerable

El gobierno cubano implementa un débil sistema de seguridad social en manos de la burocracia política, capaz de someter a investigación a los beneficiarios de las pensiones, que en situación de emergencia acudan a las instituciones públicas.

El Primer Ministro de la República de Cuba aprobó el Decreto Ley No. 25 del Consejo de Ministros “Modificativos del Reglamento de la Ley de Seguridad Social”, a los fines de asistir a los sectores vulnerables por insuficiencia de ingresos en sus hogares.

Así, la necesidad de protección de un núcleo familiar deberá ser avalada por los trabajadores sociales, las organizaciones políticas y de masas en la comunidad, delegados de circunscripción y alguna otra institución pública del entorno que se requiera.

Se ha dispuesto la realización de evaluaciones de solvencia económica a las Direcciones de Trabajo Municipal, órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social, para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales, esta última por un período menor al de 1 año.

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Impuestos para contar

El régimen cubano desarrolla un ordenamiento monetario que obvia las carencias económicas de la sociedad. Así, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República dió el visto bueno al Decreto Ley 21/2020 “Modificativo de la Ley 113 del Sistema Tributario”.

Se deducen de los impuestos el 80% de los gastos, siempre que se justifiquen mediante documentos acreditativos. Pero, se reconoce a los emprendedores una “tarifa mínima” de impuestos ascendente a 39 120 CUP y una tasa del 4% sobre los ingresos por contratos en el exterior.

Y entiéndase por contrato en el exterior, cualquier labor remunerada que realice un ciudadano cubano en otro país, por gestión propia o por medio de entidad cubana, sin estar amparado en un convenio de colaboración, contrato de exportación de servicios u otro de similar naturaleza.

Se dispuso la aplicación de un sistema contable a los trabajadores por cuenta propia y se continúa aplicando un 10% como carga impositiva sobre el valor total de las ventas, mientras que las empresas gubernamentales aplican la misma tasa pero sobre los ingresos.

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