Sobre las condenas

Tras la represión al levantamiento popular del 11-7, el régimen condenó a los manifestantes en televisión nacional y acusó públicamente de mercenarismo en mayor grado a los ciudadanos, que protagonizaron la resistencia a las tropas antimotines.

Las causas imputadas a la mayoría de los jóvenes encarcelados están relacionadas a desorden público, referidas en los artículos 200 y 201 del Código Penal de la República de Cuba, que sanciona con penas desde tres meses hasta 5 años de privación de libertad.

Nótese, que las autoridades gubernamentales han incurrido en violaciones a los derechos y garantías al debido proceso, en lo referido a los artículos 94 y 95 de la carta magna, privando de libertad a detenidos sin pruebas contundentes a presentar ante fiscalía.

Los detenidos por los órganos represivos han sido víctimas de desaparición forzada y sometidos a largos períodos de incomunicación con sus familiares, torturas y hechos degradantes violatorios del artículo 96 relacionado al procedimiento del Habeas Corpus.

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Represión inhumana

El gobernante Díaz Canel ordenó aplastar el levantamiento popular ocurrido el pasado 11 de julio, mediante el uso de la fuerza en manos de agentes antidisturbios y la policía militar, ocasionando lesiones graves en la ciudadanía, tras realizar incontables disparos.

Al amparo del artículo 3 de la Constitución de la República, los manifestantes denunciaron violaciones a los derechos sociales y económicos en el país, así como la falta de libertad y justicia en el país, sumergido en la peor crisis financiera en los últimos 60 años.

Por otro lado, los represores irrumpieron en el domicilio de los manifestantes para ocasionar daños a la vida humana; y con ello, violaron el artículo 49; pese a la suspensión de los tribunales competentes, única autoridad para otorgar dicha orden.

Durante el proceso represivo acaecido en los días 12, 13 y 14 de julio, se violaron un total de 15 artículos de la carta magna, relacionados fundamentalmente a los principios; derechos, deberes y garantías constitucionales de los ciudadanos cubanos.

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Del 11-7 y sus causas

A fuerza de represión y con la negativa a realizar cambios económicos trascendentales en Cuba, el binomio Canel-Marrero pretende continuar en el poder durante los próximos meses, mediante el empleo de diversas formas represivas sobre la ciudadanía.

Las violaciones de los derechos civiles establecidos en 12 artículos de la Constitución de la República provocaron el levantamiento popular ocurrido el pasado 11 de julio y expuso la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis actual del país.

El artículo 19 establece la conciliación de intereses nacionales e individuales, para regular la actividad económica del país; mientras, el artículo 31 declara que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustente una vida digna.

Además, violaciones al art. 71 sobre el derecho a una vivienda adecuada; el art. 72 sobre la responsabilidad del Estado en garantizar un acceso de calidad a la salud pública y gratuita; el art. 77 sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la alimentación sana de los ciudadanos.

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Una vez más

A punta de lápiz el gobierno cubano pretende regular los precios de los bienes y servicios que hoy se ofertan en el mercado minorista; y para ello, de forma tácita ha publicado dos normativas en la Gaceta Oficial No. 62 Ordinaria del 3 de junio de 2021.

El Ministerio de Comercio Interior emitió la Resolución 77/2021, que establece un precio minorista aprobado centralmente de las pastas largas a granel, equivalentes a paquetes de 400 gramos, con destino a la canasta familiar normada, por valor de 12.00 CUP.

Se aprobó un precio minorista sobre un producto subsidiado, que ha sustituido “temporalmente” otro previamente ya validado centralmente, teniendo en cuenta los costos y los precios de sus similares, incluyendo las modificaciones de formatos y envasados de estos.

Igual ministerio, emitió la Resolución 78/2021 donde aprobó un precio minorista del producto Gree Cerámico, para su comercialización en los mercados de artículos industriales y de servicios, así como en las tiendas de materiales para la construcción, por valor de 20.00 CUP.

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Ante las viejas tácticas

El régimen de La Habana ha lanzado a las redes sociales, televisión nacional y a la prensa escrita una nueva estrategia política sobre la implementación de una Ley de PYMES, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas.

El Consejo de Ministros aprobó el “Perfeccionamiento de los Actores Económicos” y dejó claro la guía ofrecida el pasado febrero sobre un grupo de actividades, que se podrán o no realizar por los pequeños y medianos empresarios nacionales.

También, se ha prohibido el ejercicio de los servicios profesionales por los privados y se continúa otorgando a las cooperativas no agropecuarias un carácter experimental, aun cuando son reconocidas por la Constitución de la República de Cuba.

La intención del gobierno central durante el primer semestre del año 2021 fue el cierre de 200 cooperativas en el país y las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social restringen el otorgamiento de nuevas licencias a los emprendedores.

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Ante las viejas tácticas

El régimen de La Habana ha lanzado a las redes sociales, televisión nacional y a la prensa escrita una nueva estrategia política sobre la implementación de una Ley de PYMES, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas.

El Consejo de Ministros aprobó el “Perfeccionamiento de los Actores Económicos” y dejó claro la guía ofrecida el pasado febrero sobre un grupo de actividades, que se podrán o no realizar por los pequeños y medianos empresarios nacionales.

También, se ha prohibido el ejercicio de los servicios profesionales por los privados y se continúa otorgando a las cooperativas no agropecuarias un carácter experimental, aun cuando son reconocidas por la Constitución de la República de Cuba.

La intención del gobierno central durante el primer semestre del año 2021 fue el cierre de 200 cooperativas en el país y las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social restringen el otorgamiento de nuevas licencias a los emprendedores.

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