La incertidumbre planificada

El pasado 16 de julio de 2020 el gobernante Díaz-Canel lanzó un grupo de medidas para hacer frente a la crisis económica actual tras el impacto de la COVID-19.

La propuesta elimina el gravamen del 10% que se imponía a las remesas familiares en dólares americanos, incrementando el consumo de los hogares y elevando las desigualdades sociales.

El anuncio de una ley de empresas permitirá la inversión de los nacionales basado en su carácter complementario, quienes serán controlados a través de una excesiva política tributaria.

Se otorgará autonomía a la empresa estatal como garante de un mercado mayorista, lo que impide la generación de nuevos puestos de trabajo a los privados.

Aunque se implementará una política tributaria orientada a las exportaciones, existe una alta demanda de equipos e insumos adquiridos en el exterior que aumenta los costos de bienes y servicios.

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El barco se hunde con los marineros

El 9 de julio de 2020, el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial No.48/2020 un grupo de normativas que amplían el régimen de tributación a 4 929 marinos contratados.

Se aplicará una tasa de un 15 a un 30% para el pago del impuesto sobre ingresos personales utilizando la conversión a pesos (CUP), de manera que a mayores ingresos obtenidos, mayor será el aporte.

La contratación de servicios sucede entre la naviera extranjera y la empresa estatal SELECMAR, esta última contrata a los marinos y estos a su vez firmarán un convenio laboral especial con la compañía extranjera.

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Cuba y el déficit externo

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba incrementa en un 2% las importaciones por cada % de incremento del PIB, lo que dispara la deuda externa.

Actualmente, promueve una política para la sustitución de importaciones que sólo produce alivios temporales a costa del empeoramiento de las condiciones de partida del año siguiente, afectando la balanza de pagos.

La crisis estructural muestra un elevado patrón de consumo a través de remesas, inversión extranjera y créditos, así como el insuficiente ahorro interno que promueven al endeudamiento externo.

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La política y el empleo en Cuba

El Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba realizó el pasado 8 de julio de 2020 su intervención ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este escenario, el gobernante de la Isla declaró que durante la COVID-19 se han tomado 36 medidas laborales, salariales y de seguridad social con un notable impacto.

Comentó sobre la necesidad de crear empleos mediante los pequeños productores que abogan por la cooperación y la solidaridad como recursos para alcanzar el desarrollo.

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Precios Regulados e Impuestos Altos

El Ministerio de Finanzas y Precios a través de las Resoluciones 301 y 302 regulan los precios de productos o servicios de los privados y no compensan los costos para la venta de productos del sector privado, capaz de hacer frente a la crisis financiera del país.

En este contexto, se otorga autonomía en la gestión a los gobiernos locales para colocar topes a los precios e incrementar los impuestos a los cuentapropistas hasta un 200%.

Por ello, no se promueven nuevas relaciones sociales de producción que formen y desarrollen una comunidad económica para la transformación del interés individual en social.

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La propiedad de la tierra en Cuba

El Ministerio de Agricultura de Cuba, a través del Decreto Ley 358 y su Reglamento 350 impulsa la entrega de tierras ociosas a usufructuarios sin tomar en cuenta el necesario y real apoyo a los productores que son quienes pueden ayudar a enfrentar la crisis alimentaria actual.

Los problemas que afectan la producción agrícola del país se encuentran relacionados a los regímenes de tenencia de la tierra, la comercialización, el acceso a créditos, insumos y equipos tecnológicos.

Debe ser analizada la entrega de de tierras ociosas en propiedad y no en usufructo, a partir de una reforma al Artículo 19 de la Constitución de la República.

Así, se otorgarán derechos de trasmisión, arrendamiento, aparcería, préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los beneficios emanados de la propiedad de los agricultores sobre su tierra.

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