El Ministerio de Comercio Interior de Cuba, Mincin, estableció el procedimiento para la licitación de locales estatales a trabajadores por cuenta propia en la Resolución 48, publicada en la Gaceta Oficial No. 31, “Procedimiento para la licitación del arrendamiento de establecimientos y bienes muebles del sistema de comercio interior a trabajadores por cuenta propia”.
Según lo normado, mediante el procedimiento se concede el uso y disfrute del inmueble en arrendamiento y la venta o arrendamiento de bienes muebles, en un proceso que se regirá por los principios de transparencia, igualdad y publicidad, y en el que participarán los trabajadores de la unidad a arrendar, los trabajadores por cuenta propia o personas naturales residentes en Cuba que soliciten gestionar el local y las cooperativas no agropecuarias de las actividades de gastronomía, comercio y servicios.
Para que este procedimiento se lleve a cabo, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: la existencia de establecimientos que se decidan arrendar, con o sin actividad comercial; demanda de locales para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en las actividades gastronómica y de servicios y la recuperación de los establecimientos e incremento de las ofertas a la población.
La citada Resolución precisa que el titular al que se le otorgue la licitación, la cual deberá desarrollarse en un término de 30 días hábiles, asume a los trabajadores que laboran en esa unidad, y en caso de que estos no acepten pasar a trabajar como cuentapropistas o asociarse a una cooperativa no agropecuaria, se aplica lo que establece la legislación laboral vigente.
Sin dudas esta medida abre un espacio de desarrollo a los trabajadores por cuenta propia, dándoles la posibilidad de arrendar locales comerciales e incluso tener personal calificado en la gestión, tributando al desarrollo local de cada región del país.
Sin embargo, a casi un mes de entrada en vigor del nuevo instrumento jurídico, en toda la provincia de Sancti Spíritus aún no hay ofertas de locales de este tipo para los TCP, según nos comenta Mayra Lopez, cuentapropista de la provincia.
“Somos un grupo de más de 40 cuentapropistas interesados en la nueva gestión de arrendamientos de locales comerciales, y en ninguna institución de la Administración pública de la provincia, los funcionarios nos han sabido dar respuestas sobre el proceso de arrendamiento e incluso algunos no estaban enterados de la nueva Resolución”, nos cuenta Mayra.
“En las principales calles de la provincia se puede ver como los establecimientos comerciales del Estado, muchos están cerrados y otros continúan abiertos, pero sin oferta alguna, solo se ven a los trabajadores del local perdiendo el tiempo, literalmente”, nos expresa Mayra.
Si ya existe una demanda para este tipo de arrendamientos, si hay un número considerable de establecimientos subutilizados, si los cuentapropistas estamos interesados y tenemos la capacidad de transformar esos establecimientos comerciales en negocios gastronómicos y de servicios atractivos para la población, ¿qué pasa entonces que no está fluyendo el proceso a casi un mes de la puesta en vigor de la resolución?, añadió la cuentapropista.
A pesar del gran paso que constituye esta nueva medida para el desarrollo no solo de la actividad comercial de los territorios, sino también en gran medida para el desarrollo local, aun las instituciones de la Administración pública en el país, están fuertemente marcadas por el burocratismo, la desidia en algunos casos y la lentitud, que le restan pragmatismo e inmediatez a las actividades de gran importancia y de impacto social como esta.
Para el despegue de la economía de este país, hace falta mucho más que la producción de normas y resoluciones, el saber cómo y cuándo ponerlas en prácticas es tan importante como la medida en sí. Hay que trabajar en seguir despojando de trabas y lastres institucionales a la sociedad cubana, que aún sigue demorando y distorsionando el camino hacia el progreso.