La producción agrícola ha constituido a lo largo de la historia de nuestro país un sector muy importante de la economía nacional por el número de personas y familias que trabajan y dependen económicamente de esta actividad.
Mucho se ha juzgado sobre la supuesta deformación de la estructura productiva y las consecuencias del latifundismo para la agricultura cubana, sin embargo, se ha intentado desconocer los niveles de producción y exportación logrados en la década del cincuenta en renglones como la azúcar, las hortalizas y los frutales.
El voluntarismo, la introducción e imposición de nuevos renglones productivos, diferentes de los que tradicionalmente se habían desarrollado en nuestro país, como el café y el gandul, junto a la creación de los llamados planes integrales, provocó la destrucción de la mayor parte de las fincas especializadas en la producción ganadera y arboledas de frutales que durante cientos de años habían fomentado los propietarios.
Para recuperar los daños causados por la economía socialista en el agro cubano, se ha intentado recuperar la producción de frutales con la entrega a los campesinos y productores privados de tierras ociosas que se encontraban improductivas en manos de las empresas estatales.
Partiendo del criterio de que las relaciones de propiedad conforman el núcleo de las relaciones de producción que caracterizan a cada modo o sistema de producción y, que de ellas dependen el resto de las relaciones sociales que se establecen dentro de sociedad, se ha intentado lograr una transformación de la agricultura cubana, desconociendo, como se demuestra hoy, el papel del mercado como elemento decisivo en la determinación de los precios, condicionados por relación entre la oferta y la demanda.
Mediante la aplicación de políticas carentes de objetividad e ignorando la tradición productiva de muchas regiones se intentó transformar la estructura productiva a partir de la modificación de la propiedad sobre este vital recurso. La aplicación de las dos leyes de Reforma Agraria, sin dejar de reconocer que en cierta medida favorecieron, desde el punto de vista social, a los campesinos y trabajadores del campo, pues lograron mejorar sus condiciones de vida, su nivel escolar y la atención médica que recibían, suponía la eliminación de la deformación productiva, la mono producción, la mono exportación y avanzar en la diversificación de la producción agropecuaria.
Sin embargo las mencionadas leyes y políticas complementarias no lograron el impacto esperado en el incremento de los resultados productivos, ni en la eficiencia económica de los mismos, pues el consumo de combustible, fertilizantes y otros productos químicos, elevaban enormemente los costos de la producción agropecuaria, convirtiéndola en una actividad irrentable, haciendo necesario el otorgamiento de créditos para su realización, enmascarando, por otra parte, que los niveles alcanzados eran totalmente dependientes de los recursos y la asesoría de los antiguos países socialistas de Europa del este.
Con las tierras nacionalizadas fueron creadas las Granjas y Empresas estatales que han demostrado al paso de los años la ineficiencia económica y productiva que las ha caracterizado; sus tierras se han mantenido con un elevado índice de desaprovechamiento e improductividad provocado por la falta de motivación económica, el bajo sentido de pertenencia, la falta de aprovechamiento de la tierra y los recursos que se destinan a la producción, la mayor parte de los cuales son desviados y vendidos por sus jefes y trabajadores para compensar los bajos salarios que reciben.
Al analizar detenidamente los resultados económicos y productivos que se han logrado a partir de 1959, en varios renglones, se observa que los niveles que hoy se alcanzan están por debajo de los que se obtenían en la etapa previa a 1959, tanto para el consumo nacional como para la exportación; a esto se une que en los últimos años se ha experimentado una sensible disminución de los volúmenes de producción en importantes renglones como la carne, la leche, los granos y las hortalizas, que en muchos casos ha sido necesario importar para satisfacer las necesidades del consumo nacional y del turismo, lo que ha provocado un desabastecimiento del mercado interno y una significativa elevación de los precios de venta a la población, con respecto a los niveles que se alcanzaban en la década de los 80, que estaban determinados por la dependencia de los aseguramientos que se recibían de los países socialistas de Europa del Este, fundamentalmente de Bulgaria y la antigua Unión Soviética.
La otra parte de las tierras, que inicialmente fueron entregadas a los campesinos, fueron constituidas las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), integradas por antiguos campesinos, que de forma supuestamente voluntaria se incorporaron a ellas, luego de reiteradas discusiones con dirigentes de la ANAP y el Partido que ejercieron todo tipo de presión sobre ellos para lograr convencerlos o mejor dicho vencerlos hasta lograr su incorporación.
En sus primeros años estas funcionaron de manera aceptable, impulsadas por la experiencia productiva y espíritu de trabajo de sus miembros, que aprovecharon el apoyo financiero del estado para la construcción de sus bateyes y viviendas, pero con el paso del tiempo, debido a la falta de recursos y financiamiento han visto pasar sus mejores años, agravada su situación por la jubilación de sus fundadores, con mayor experiencia y tradición de trabajo, en las que hoy predominan los trabajadores contratados, procedentes de antiguas Empresas estatales, se han visto afectadas, algunas se han desintegrado o sus tierras distribuidas a campesinos u otras personas con posibilidades de garantizar su adecuada explotación, conforman el nuevo sector de productores agrícolas, sobre los cuales descansa la mayor parte de la producción de alimentos que el estado no ha podido garantizar.
También las UBPC, forma productiva que surgió en la década del 90, creadas a partir de las tierras improductivas de dichas empresas, se han desintegrado, pasando a formar Granjas militares atendidas por el Ejercito Juvenil del Trabajo y en otros casos sus tierras entregadas a otros campesinos o trabajadores desvinculados que las han recibido mediante los Decretos 259 y 300, que regulan la entrega en usufructo de las tierras ociosas.
La evolución de las Granjas, Empresas, Cooperativas y UBPC con el paso de los años ha demostrado el fracaso de la producción estatal y Cooperativa en la agricultura. En el caso de las Cooperativas y en cierta me duda de las UBPC el Estado, a través d Ministerio de la Agricultura ejerció un exceso tutelaje, impidiendo que estas disfrutaran de una real autonomía económica productiva, imponiéndole los planes de siembra, cosecha y comercialización, como por ejemplo, en el caso de las cooperativas cañeras, se les obligaba a sembrar y cortar las plantaciones para cumplir con los planes, en muchos casos se les obligaba a cortar la caña nueva aunque esta no tuviera la edad, nivel de maduración y rendimientos necesarios, afectándole la ganancia y la rentabilidad de las unidades productivas, comprometiendo y afectando la caña de las zafras futuras, destruyendo lo que los campesinos llaman la composición de las cepas; esto provocó que muchas Cooperativas y campesinos tuvieran pérdidas económicas, pues no lograban, ni siquiera recuperar los gastos de la inversión realizada.
Esta entre otras fue la principal causa de la falta de rentabilidad de la Industria azucarera, que sirvió de pretexto a la lamentable decisión de demoler más de cien centrales azucareros de todo el país provocando la destrucción de la principal fuente de exportación y empleo de la economía y como consecuencia colateral la destrucción de cientos de comunidades y bateyes vinculados a la producción azucarera. De un plumazo caprichoso de Fidel Castro se pretendió borrar la tradición de 500 años de saber hacer vinculados a la dulce gramínea.
A pesar de estas decisiones arbitrarias el esfuerzo de los productores ha hecho posible que en algunos cultivos varios, como la malanga, el ajo, la cebolla, el plátano vianda, el ají pimiento, se mantenga en los niveles mínimos, subsistiendo gracias a la participación de los pequeños productores privados, organizados en las Cooperativas de Créditos y Servicios, sobre los cuales recae la responsabilidad de garantizar más del 70 % de la producción agropecuaria del país, a pesar de que solo disponen del 30% de la superficie cultivable. (Continuará)