La agricultura es el sector económico con menor productividad y mayor empleo de los sectores productivos cubanos. La errática política del gobierno cubano con el sector agropecuario, -desde hace 30 años- coloca a la ciudadanía en una escasez permanente de alimentos que agudiza la precariedad para enfrentar la epidemia.
Por una parte, el estado no prioriza las inversiones en la agricultura, política necesaria para eliminar la “inseguridad alimentaria”, sino que las inversiones mayores se dirigen para la construcción de hoteles e infraestructura para el turismo por el estado; por otra, la dependencia estatal de los usufructuarios de tierras y pequeños propietarios, y cooperativistas agropecuarios asfixian la producción. El estado impone los tipos de producción, exige entregas obligatorias a precios muy bajos del 70% de lo que cosechan, obligan a pasar por varios intermediarios estatales para recibir créditos y el pago por sus cosechas, impagos que se prolongan frenando el proceso productivo. Los productores carecen de libertad comercial y productiva. Carecen de insumos, de sistemas de riego, de tractores, cosechadoras etc. La tracción animal es el rasgo distintivo del agro cubano y política estatal con relación al agro.
Esta política errática hace al estado importar alrededor de 1,800 dólares anuales de alimentos para nutrir sólo la libreta de racionamiento que cubre a precios subsidiados el 20 % del consumo de la familia. El resto, la población sale a buscarlo a la calle cada día a precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de los salarios cubanos, haciendo largas y demoradas filas, tumultuosas, difíciles de guardar las precauciones de distanciamiento para evitar el contagio, porque la población carece de una provisión mínima de alimentos y frente “al hambre” y “el contagio”, la población vota por el alimento.
El economista Pedro Monreal1, propone un programa de urgencia alimentaria por la epidemia de COVID-19 que muestra el déficit de alimentos en Cuba y las políticas que hay que cambiar para proteger a la población en riesgo:
Divisas: “Asignar las divisas necesarias para asegurar el nivel actual de importaciones de alimentos, al menos durante los tres primeros meses. Es una directiva imprescindible. El presidente cubano ha mencionado recientemente la “importación rápida de productos”.
Sector privado: “Priorizar el rápido aseguramiento que se requiere para garantizar niveles productivos superiores en el sector privado porque es allí donde se garantiza hoy una parte crucial de la producción agropecuaria, que es el eslabón de base de la cadena alimentaria. Deberían legalizarse rápidamente las PYMES que, de facto, operen en la cadena alimentaria. Es una directiva eminentemente pragmática: la producción privada en el agro es un “pájaro en mano que vale más que cien volando”.
Asignación de recursos: “Redistribución urgente de recursos inicialmente asignados a otros sectores que no podrán utilizarlos en la actual coyuntura, tanto los componentes de capital operativo (principalmente divisas para importar insumos, asignación de medios de transporte, combustibles, y fuerza de trabajo), así como recursos para la inversión para aproximadamente duplicar el porciento que representa la inversión en el agro en relación con la inversión total, aumentándola hasta un nivel del 10%”.
Incentivos al productor: Incrementar el incentivo a los productores mediante una modificación radical de la gestión de precios de acopio (incremento de los precios pagados al productor) y establecimiento de precios mínimos de apoyo (precios “piso”), en vez del enfoque actual de topes de precios (precios “techo)
Relaciones de mercado: “Pasar el funcionamiento de la cadena alimentaria a una relación de oferta y demanda, inicialmente con regulaciones mínimas enfocadas en impedir acaparamiento y especulación. El Estado compensaría mediante subsidio, en el eslabón de consumo final, las diferencias de precios con las que se desee beneficiar al consumidor”.
Racionamiento y subsidio de la canasta básica: “El Estado aseguraría en los tres primeros meses la distribución racionada y con precios subsidiados de una canasta básica de alimentos que debería ser sustancialmente mayor que la actual. Implicaría una reducción temporal del peso que tendrían otros mercados en la alimentación de una población en riesgo creciente”.
Medidas especiales en el contexto de emergencia sanitaria: “Se adoptarían las medidas necesarias en materia de las excepciones que se aplicarían respecto a posibles confinamientos de circulación a los participantes claves de la cadena alimentaria y de las actividades de aseguramiento, así como estrictas disposiciones de higiene para trabajadores, medios y sobre todo los productos, ya que de ninguna manera pudieran afectarse las normas sanitarias de los alimentos. Un detalle importante: la justificadísima preocupación con preservar la salud del personal médico en medio de una epidemia también vale para los trabajadores que producen y distribuyen alimentos”.
¿Seguirá el gobierno cubano de espaldas a la precariedad alimentaria y la deprimida agricultura, lanzando sólo consignas políticas?