El pasado día 4 septiembre del presente año se presenta en la Dirección Municipal de la Agricultura de Artemisa el campesino Leodán Cabrera Salazar, que es propietario de 3 caballerías de tierras que fueron de su padre. El campesino se persona en la oficina de atención a la población para formular otra de las tantas quejas que ha venido presentando ya que lleva más de 5 años que permuto y aun no le han hecho legal la permuta.
Refiere que los inspectores se personan en su finca y le imponen una contravención por estar ocupando ilegalmente la tierra y lo imponen una obligación de hacer para que no produzca más hasta tanto no se le realice la permuta. El campesino molesto le contesta que si es verdad, pero que los que violaron los términos fueron ellos como órgano Rector, y que él ha estado cumpliendo con sus producciones sin dificultad. Todas sus producciones son entregadas a la comercializadora que es la encargada de darle destino. Expone además que él no estaba cometiendo ninguna infracción ya que la Cooperativa de Créditos y Servicios a la que está asociado y la Dirección de la Agricultura le dijeron que podía ir trabajando la tierra mientras se le legalizaba. Todo esto fue de palabra porque el Estado necesitaba las tierras para un supuesto proyecto y el pequeño agricultor accedió y hoy lo están cuestionando por algo que los mismos funcionarios provocaron y el afectado es el y su familia. Familia está en la que todos dependen de esa tierra para su consumo y sostén económico.
Además de lo anterior se viola la Resolución No. 170/2017 del Ministerio de la Agricultura, en su Capítulo III, de las permutas de tierras, articulo 31 en cuanto a los términos en que se debe realizar la misma y donde establece que “Los permutantes obtienen los documentos señalados y los aportan a la Unidad de Registros Agropecuarios que tramita la permuta, en un término no mayor de 60 días siguientes de haberse presentado la solicitud inicial.