El pasado 16 de julio el Gobierno Cubano anunció un paquete de medidas dentro de la “Estrategia Económica Social para el impulso de la economía y enfrentar la situación de crisis sanitaria por la Covid 19”. Dicha Estrategia tiene entre otros principios la complementariedad entre los actores de la economía e implementar aspectos claves fundamentalmente en relación con las formas de gestión y propiedad, el redimensionamiento del sector empresarial, el sector no estatal y la adecuada relación que tiene que haber entre ambos.
Sin embargo, las nuevas normas jurídicas que han entrado en vigor a partir del anuncio de la Estrategia no guardan relación ni tienen coherencia con los principios básicos que en ella se expresan, están enfocada una vez más en potenciar solo la forma de gestión estatal, sin tener en cuenta las necesidades y prioridades del sector no estatal y en particular la de los cuentapropistas.
Tal es el caso de los dos decretos leyes de la Prenda y la Hipoteca, y el del Fideicomiso de Garantía- que posibilitarán la utilización de garantías mercantiles para respaldar el otorgamiento de financiamientos externos vinculados con la inversión extranjera. Ambas normas dejan bien claro que los actores que participarán y beneficiarán de ellos no serán las personas naturales, ni el sector privado, sino las empresas estatales, sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y las diferentes modalidades de inversión extranjera.
Si volvemos a la Estrategia, en esta deja claro que favorecerá la exportación e importación del sector privado, así como favorecer la inversión extrajera directa que participe en armonía con todos los sectores de la economía. Evidentemente los cuentapropistas les toca esperar por el próximo Decreto.
Otro punto en cuestión es el establecimiento de precios máximos de productos agropecuarios que comercializan de forma minoristas los trabajadores por cuenta propia concurrentes a los mercados de oferta y demanda y por los carretilleros. Estas normativas se unifican en las siguientes disposiciones legales, la Resolución 63 de 3 de abril de 2020, Resolución 93 de 30 de julio y la Resolución 96 de 16 de julio del mismo año. En resumen, se establecen precios máximos elevadísimos para productos tan demandados por la población y aunque son productos listos para la venta adquiridos por los trabajadores por cuenta propia requieren de gastos adicionales para su comercialización como la transportación y el impuesto correspondiente de la venta.
Esto traerá como consecuencia la inflación y con ella el encarecimiento de los precios de productos tan demandados, pues es evidente que los cuentapropistas fijaran los precios que ellos determinen teniendo en cuenta los costos y gastos en los que incurren para obtener la mercancía y afectará mucho más a la población que tendrá que pagar, los que puedan, precios exuberantes por tales productos.
Por último, tenemos el tema de la unificación monetaria, tema muy popular ente los cubanos por estos días, que si es verdad que traerá la alza de los salarios para los puestos estatales un 4,9 veces, también conducirá a una devaluación de la moneda y a la eliminación de los subsidios y gratuidades indebidas y resulta imprescindible por parte del Estado ajustar los precios y la distribución de los ingresos de las personas, pero tendrán en cuenta las personan que laboran en el sector por cuenta propia, cuáles serán las medidas que se tomaran para que este sector se vea beneficiado con esta medida. Solo toca esperar.
Esperar es lo que le ha hecho siempre este sector, esperar por medidas que lo beneficien y los haga participar libremente en el mercado como el resto de los sectores de la economía, medidas que les permita el desarrollo y explotar sus potencialidades de crecimiento, esperar por esos cambios que figuran La Estrategia, que promete y no ha cumplido, avances para un desarrollo eficiente sin distinción de la forma de propiedad. Si bien es cierto que la forma estatal socialista es la que rige en el país, también es cierto que no será posible incentivar la competitividad y la innovación como principio básico de Plan de Desarrollo Económico Social del país si no se incentiva y potencia el sector privado.