En el año 2011 aparece el lineamiento 249 de la política económica y social en el que concibió la apertura de mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y brinden los servicios de alquiler de medios y equipos, sin subsidio, a los cuentapropistas y cooperativas no agropecuarias. Para lograrlo el Gobierno cubano debía destinar recursos por 300 millones de dólares para la apertura de dichos mercados. Los costos resultaron el pretexto para no hacerlo.
Luego de años de reclamos, es en 2020 cuando inicia las operaciones en La Habana el primer mercado Mercabal del país con contratos con algunos cuentapropistas y cooperativistas seleccionados. A la par, se autorizaron entidades estatales a vender productos y servicios especializados como químicos, servicios de montacargas, telecomunicaciones, etc.
Hoy existen en casi todas las provincias y hasta diciembre pasado se había alcanzado 110 millones de pesos en ventas en 14 establecimientos. Mercabal es la única opción legal de compras para las mayorías de las actividades privadas autorizadas.
El grandísimo problema es que en algunas provincias estos mercados mayoristas integran el segmento de mercado dolarizado con precios igual o más altos que las tiendas minoristas en MLC para personas naturales. Y ante la inexistencia de un mercado cambiario oficial hay que adquirir las divisas en la informalidad cambiaria con pesos devaluados. Es así como los productores privados se ven obligados a trasladar los costos a los precios minoristas y la consecuencia segura es el desabastecimiento y la hambruna en Cuba.
Para este observador económico la tarea ordenamiento monetario debe ser reevaluada porque es una barrera de entrada y de funcionamiento del sector privado cubano, importante por su oferta de bienes y servicios.