Racionamiento del consumo, vía ingresos y oferta contraída

El racionamiento del consumo (vía oferta) se ha convertido en realidad cotidiana en la isla de Cuba. Elementos como la bien conocida distribución normada de bienes de uso y consumo (la conocida libreta de abastecimiento y el tarjetón, este último ya extinto), organizaron (y aún organizan, aunque variando los originales métodos dogmáticos que regían) de forma estricta el acceso de los ciudadanos a las cuotas de consumos, esta problemática vivió sus peores momentos, en los años 90 cuando la isla comenzó la travesía hacia una terrible crisis estructural, desatada por problemas internos y agudizada ante la desaparición súbita del denominado socialismo real, un vital soporte económico para la isla de Cuba. Los orígenes de la distribución normadas se remontan al año 1962 y guarda estrecha relación con la Ofensiva Revolucionaria¹. Esta política estuvo encaminada hacia la eliminaron todo tipo de actividad privada e individual (excepto agropecuaria y transporte) y despojaron al mercado, en la práctica, de casi todas sus funciones económicas. Por tanto la normación de la distribución de alimentos y otros bienes, intentó ocupar este espacio arrebatado a las formas de propiedad no estatal que existían y funcionaban en la isla.

Esta práctica de racionalizar la distribución no es una idea endémica, más bien se trata de una importación burda de los sistemas de distribución aplicados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y algunos de los países del denominado campo socialista.

Para bien de la sociedad cubana actual, otra es la realidad que se proyecta y construye (aunque con bastantes trabas y no en el tiempo que debiera ocurrir). Apertura a espacios donde actúa el mercado y más recién la presencia de las formas no estatales de propiedad en clara convivencia con el resto de las forma de gestión y propiedad de carácter socialista, ofrecen una oferta adicional que complementa la racionalidad habitual que establece el Estado cubano. Aunque se debe señalar que estas aperturas siguen atadas centralmente a políticas asociadas al principio de planificación socialista.

Esta realidad económica carece de sentido económico y de funcionalidad, ante la incapacidad demostrada (de forma teórica² y práctica) de la planificación socialista de la economía nacional, para generar desde un nivel centralizado, la organización, gestión, dirección y control de los recursos, y ante los discretos resultados del gigantesco sector estatal cubano socialista. La solución temporal y parcial a esta problemática, la encuentran en el hecho de ceder al mercado una parte de la demanda (insatisfecha) ³.

Racionalización, distribución normada, propiedad estatal socialista, planificación de la economía nacional; todos ellos parecen conceptos incapaces (en acción, en hechos y en resultados) de garantizar en su forma pura una estabilidad económica para la isla, que genere el necesario y anhelado crecimiento económico, que a decano plazo pueda constituirse en desarrollo (un indicador que mide de forma amplia el alcance real de los progresos alcanzados por la nación, no solo desde el punto de vista económico, sino además político, social, cultural, educacional, poblacional y otros). Se une a lo anterior los bajos niveles de eficiencia, productividad y resultados directos del trabajo, así como un bajo sentido de pertenencia de los trabajadores para con la actividad que realizan y la entidad a la que pertenecer⁴.

Pareciera además que con estas aperturas al sector no estatal de la economía, específicamente al trabajo por cuenta propia y el necesario pero aún insuficiente espacio ofrecido al mercado; los problemas de la contracción de la oferta son ahora no esenciales o quizás menos importantes, pero en realidad, esto genera una nueva y más compleja problemática que va en peligroso ascenso. La caída gradual y progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores cubanos, sobre todo aquellos que se encuentran vinculados laboralmente a entidades estatales y particularmente a las Unidades Presupuestadas (con excepción del sector de la Salud Pública, donde en el año 2014 se experimentó un incremento del salario básico del personal ⁵).

La aparición y ligero ascenso de la actividad por cuenta propia, genera una formación de precios, un tanto distante de los cifras establecidos por el Estado, carentes en su mayoría del análisis del valor creado y las leyes del mercado, es válido recordar que incluso algunos de estos son subsidiados bajo políticas estatales.

La formación de precios, bajo esta nueva realidad, genera un efecto directo sobre el nivel de inflación en la economía. Los precios de los bienes y productos se elevan y con ellos necesariamente ha de incrementarse la masa monetaria en circulación, los datos exactos de los valores numéricos no existen registrados por las entidades encargadas y resultan profundamente engorrosos los cálculos y supuestos para el establecimiento de estos.

El problema identificado a resolver desde el comienzo ha sido la escasez de oferta, sin embargo para elevar la cantidad de bienes y servicios que ofrecen los entes no estatales se hace imprescindible elevar la cantidad de bienes y servicios intermedios que estas nuevas figuras productivas necesitan para el desarrollo cotidiano y efectivo de sus actividades y que son organizados centralizadamente (apuntar que los trabajadores no estatales carecen primero: de un mercado mayorista; segundo: de la oportunidad de acceder a financiamiento a través de la inversión extranjera y tercero de posibilidades legales para importar insumos, materiales y otros ⁶).

De mantener igual cuantía de bienes y servicios circulando dentro de la Economía Nacional, primero: podría demostrarse que el problema se encuentra en la gestión y en el mecanismo económico que se utiliza para encauzar la actividad económica y no en los demás factores que se presentan en los análisis que al respecto se realizan⁷, segundo: se puede correr el riega de una falsa percepción de incremento de la oferta, cuando en realidad lo que sucede es una re-circulación (más o menos efectiva, por la vía de los precios, de la ubicación geográfica u otros), tercero: la contracción de la oferta de materias primas y materiales, puede generar espacio a prácticas que colindan con la corrupción, que unida a la falta de control en el sector estatal de la economía puede corroer la ya débil economía cubana y dar mayor espacio a la presencia del denominado mercado negro.

Estas son solo algunas de las varias, diversas y difíciles problemáticas que ataña el tema del incremento de la oferta de bienes y servicios en Cuba, bajo los escenarios actuales de transformación del modelo económico cubano.

El tema de la distribución y acceso regular, justo y efectivo a niveles reales de oferta, deben ser analizados nuevamente por las autoridades encargadas de esta problemática. Por un lado se tiene la distribución normada de bienes y servicios, la cual ofrece sobre todo a quienes laboran bajo la sombrilla del sector estatal (en 2015 la cantidad de personal vinculadas al sector estatal cubano ascendían a 2953.4 miles de trabajadores que representan el 60.76% del total de ocupados en la economía⁸), acceso mensual a determinada cuota de consumo⁹, a precios que evaden todo principio de la ley del valor.

Los precios fuera de esta espiral estatal, avanzan en claro ascenso, pues se forman bajo las leyes del mercado, atomizados por la planificación socialista donde la escasez de bienes y servicios favorece el alza gradual ya que la demanda es constante, quiere decir que a cualquier nivel de precio establecido por el oferente, el cliente tendrá que tranzar. Esta realidad se aprecia en todos los sectores y ramas de la economía donde la actividad del Estado ha cedido espacio. La realidad económica y el funcionamiento correcto de las leyes del mercado se ven trastocadas baja la inusual realidad de la planificación centralizada.

La oferta debe crecer, esto es un consenso ganado entre los especialistas, pero para ellos, no solo se ha de facilitar un espacio a las nuevas figuras productivas. Se deberá además atender el gigantesco sector estatal que constituye mayoría absoluta de la economía nacional o si se quiere compartir esta fuerza con un pujante sector de emprendedores ávidos de trabajo, ha de facilitárseles el acceso seguro, efectivo y regular a los recursos necesarios para generar los bienes y servicios.

Otra realidad será imposible si se mantiene una economía cerrada hacia arriba (planificación centralizada y organización de las importaciones y exportaciones mediante planes nacionales) y un sector no estatal emergiendo con acceso solo a aquellos recursos que se incluyen en el plan de la economía o que a gotas pueden entrar a Cuba desde el exterior.

En época tan lejana como 1837 el sociólogo y economista español Ramón Dionisio de la Sagra y Peris sobre la economía de la isla sentenció, y cito: “La Habana es el pueblo de las anomalías y las excepciones de las reglas generales de la economía política (…), siempre hallaremos que en la Isla de Cuba las cosas pasan de un modo muy diverso del de otros pueblos”. Pareciera pues que desde entonces es un tronco torcido la actividad económica o una tarea pendiente que reclama atención seria, integral, responsable y consecuente.