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Transportista privado que desaparece en el limbo jurídico y la coyuntura epidémica

Publicada el 1 abril, 20202 abril, 2020 por Juan Francisco Morales

En la tarde del 20 de marzo el porteador privado Heriberto Sandino regresa a Pinar del Rio haciendo su último viaje.  Cerca del Hotel Vueltabajero realiza una parada momentánea para dejar un pasajero y es donde un Supervisor Integral de Transporte lo detiene y le dice que le impondrá una multa de 50 pesos en moneda nacional por el artículo 6, inciso e del Decreto Ley 315 del 2013. Ante la reclamación del cochero, el funcionario estatal le retira la Licencia Operativa en muy mala forma y le impone una multa de 700 pesos.

Al recibir asesoría jurídica, Heriberto es impuesto del mal actuar del Supervisor Integral de Transporte. Se reconoce que realmente el chofer Heriberto no podía detenerse en el lugar del incidente por violar la norma de tránsito, lo que no tiene nada que ver con lo que refleja el Decreto Ley 315/13 en su artículo 6, inciso e): -Utilizar un local, espacio o recorrido no autorizado, para las actividades en que corresponde, por la legislación, o sin observancia de las normas establecidas por el consejo de la administración provincial o consejo de la administración municipal, como sitio para producir, comercializar o prestar servicio.-

Sin dudas existe un error de procedimiento y una mala tipificación del inciso aplicado por el Supervisor actuante, además del maltrato verbal dirigido hacia Heriberto.

Al presentar la apelación ante la Directora de la Dirección Integral de Supervisión Municipal, esta no la recibe alegando que tenía que pagar la multa primero. Heriberto redirigió la apelación a la Dirección Provincial, con copia a la Oficina de Atención a la Población del Gobierno Provincial, donde se la aceptan en ambos lugares.  Transcurrido más de 7 días ninguna de las dos instancias implicadas en el caso de Sandino se pronunció al respecto.

En el ínterin, Heriberto, padre de familia, se ve afectado laboral, económica y psicológicamente por la negligencia de las autoridades quienes, alegan, que en la actual coyuntura de la epidemia del COVID-19 que afecta el país, están detenidos todos los procesos de reclamación de los trabajadores por cuenta propia. Sin prestarle la menor importancia al caso le sugirieron que regresara a su hogar cumplir las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias.

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