Muy rápido comenzaron los problemas o, mejor dicho, continúan y se agravan los conflictos, entre las instituciones gubernamentales cubanas, los inspectores y otros funcionarios de la burocracia y los Trabajadores por Cuenta Propia, TCP.
Como parte de la aplicación de las nuevas medidas de la política de ordenamiento del transporte autónomo, todos los TCP dedicados a la actividad del transporte han tenido que solicitar la reinscripción en las oficinas de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, DMTSS, y abrir las cuentas corrientes (fiscales) en el sistema bancario nacional (monopolio estatal) para depositar sus ingresos.
En el caso de Raúl Rivero Gonzáles, del Municipio Cerro, Armando Díaz Fuentes, de Boyeros y José R. Martínez, de Centro Habana, en la capital cubana, quienes son choferes contratados, están sufriendo las consecuencias que este proceso ha evidenciado, reflejando las irregularidades y la burocracia del trabajo de las instituciones del Gobierno pues expedientes de cuentapropista no han aparecido en los en los registros a pesar de que han estado pagando sus aportes, y tienen sus documentos actualizados.
O sea, alguien irresponsablemente le dio baja sin que ellos lo supieran. Esto le ha provocado tener que ir varios días consecutivos a la DMTSS para tratar de resolver el problema causado por la burocracia, llevando todos los documentos del Banco y en la administración Tributaria en los que se demuestra que si han pagado y que nunca han pedido la baja desde que se inscribieron hace varios años. ¿Cómo confiar en la información oficial del gobierno con estos problemas? La desprotección jurídica existente es tal que pudiera traducirse en que estos trabajadores cubanos no puedan trabajar si las autoridades no resuelven sus ineficiencias? ¿Quién paga por ello?