Socialismo Monopolista de Estado

“País verde y herido  comarquita de veras patria pobre”.
Mario Benedetti

Hablando con un amigo de la adolescencia sobre los precios impuestos por el Estado a través del Ministerio de Finanzas y Precios, fue inevitable rememorar las clases de Historia y Economía política de nuestra etapa escolar; recordábamos como nos presentaban a los monopolios como engendros diabólicos del Capitalismo cruel: un pulpo de ojos perversos con el icónico sombrero del tío Sam, el cual apretaba con sus tentáculos a unos demacrados y harapientos hombrecillos que representaban a las mayorías empobrecidas del Tercer mundo.

Aquí no pretendemos impartir un seminario de Economía política ni nada que se le parezca, pero es necesario recapitular el concepto de monopolio: proviene del griego monos ‘uno’ y polein ‘vender’, es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor o comercializador (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado.

Ahora traspolemos este concepto (que se supone netamente capitalista) al contexto cubano socialista; aquí el Estado representado por diferentes grupos empresariales son, por imperio de la ley, los únicos autorizados a comercializar diferentes bienes y servicios, muchos de ellos básicos y de primera necesidad: hablamos de ropa, calzado, productos de higiene personal y del hogar, aceite, etc. y otros no tan básicos pero importantes como lo es la telefonía móvil y los servicios de internet y, no menos importante, las materias primas y los insumos de los pequeños empresarios, incluyendo los del sector campesino.

Estas empresas no compiten entre sí porque, aunque no pertenezcan todas a un mismo grupo empresarial; si responden a un mismo dueño, que es el Estado, constituido por un pequeño grupo de personas que se autotitulan con desfachatez administradores de los bienes del pueblo ,  consecuentemente lo que resulta es, en un monopolio público o estatal que es una forma de monopolio coercitivo en el cual una agencia estatal o empresa pública es el único proveedor de un bien o servicio, donde se prohíbe toda competencia por parte de agentes económicos distintos al Estado.

Este tipo de monopolio solo puede ser justificado por razones estratégicas, como puede ser el suministro de agua potable, no así en el caso de los bienes antes mencionados, por la sencilla razón que al no existir competencia, estas empresas estatales, llámese TRD Caribe, CIMEX, Caracol, ETECSA etc., controlan el precio y la cantidad del producto, y para nada a favor del consumidor, en este caso nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes que dependemos de un salario exiguo, también regulado por el Estado.

No es de extrañar entonces que dentro de las modalidades de negocios privados o trabajo por cuenta propia como se le conoce oficialmente (desconozco cuál es el recelo de los medios oficialistas a la palabra privado), está prohibida la de vendedor de ropa y calzados de importación. Esto resulta ilógico, puesto que estos productos importados por particulares, son objeto de cobros impositivos arancelarios por parte de la Aduana, es decir que no ingresan al país como contrabando, sino que origina ingresos para las arcas del Estado.

Pero esta supuesta falta de lógica, no es tal, el hecho es que estas mercancías representan un riesgo en manos de los vendedores privados, para los multimillonarios márgenes de ganancias de las empresas antes nombradas; él porque, no es un secreto para nadie, las mercancías ofertadas por dichos vendedores privados ilegalizados por el Estado, si bien no son un modelo de calidad si son superiores cualitativamente y por supuesto, más baratas que la mercadería ofertada por los emporios de tiendas estatales, donde lo que prima es la mala calidad, poca variedad y presencia; además cara, tan cara que explica que las ganancias estén en el rango del 240 % cuando el empresario capitalista acepta como muy buena, una ganancia de entre un 25 a un 30% y de hecho está prohibido por ley una ganancia mayor.

Resumiendo, que nuestras tiendas venden feo malo y caro, en detrimento de los consumidores, y no bastándoles intentan obligarnos a comprarle solo a ellos, es por eso que se persigue ferozmente a los llamados revendedores, en vez de autorizarlos a ejercer su actividad comercial, impuestos tributarios mediante, como es el deseo de la mayoría de estos pequeños comerciantes subterráneos. Es por este desproporcionado margen ganancial, que estas cadenas de tiendas no quiebran a pesar del robo y desvíos de recursos, ya crónicos en Cuba. El respeto de las leyes, es garantía para el funcionamiento de cualquier sociedad, pero de igual forma no se debe apoyar leyes y normas absurdas e injustas, que ley no siempre es sinónimo de justicia, especialmente acá.

La solución justa y lógica, que normas legales mediante, se acabe de regular y permitir esta actividad comercial privada y otras, hasta ahora prohibidas bajo argumentos falaces, todos ganaríamos, primaria la ley de la oferta y la demanda, que debería establecer un equilibrio en cuanto a precio y calidad. Igualmente permitir la creación de Empresas con capital privado que establezcan una competencia generadora de calidad y variedad, promotora de ingenio y reguladora de precios.

Por desgracia para los cubanos, bajo este régimen, lo anterior es una utopía, esperemos pacientemente porque en un futuro, cambien las reglas del juego a nuestro favor, esto solo será posible, en una sociedad democrática y de libre mercado.

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