Vender medicamentos es un delito

La venta de medicamentos fuera de las instituciones autorizadas por el Gobierno es un delito y es un hecho que, aunque parezca inconcebible, prolifera en la Cuba de hoy bajo la impunidad de quienes tienen que enfrentar tan peligroso actuar.

La sustracción y posterior venta de medicamentos por personas sin escrúpulos que se aprovechan de las necesidades primarias de otras con el único propósito de lucrar es un hecho abominable.

Existen varias tipicidades delictivas establecidas en el Código Penal cubano con las cuales se puede vincular dicha violación. Entre ellas se encuentra la apropiación indebida, donde el individuo se agencia de bienes que le han sido confiados, con el objetivo de obtener alguna ventaja o beneficio. En este caso se encontraría una farmacéutica, que venda las medicinas encargadas bajo su cuidado. Si quien se apropia de este bien o permite que otros lo hagan, es el almacenero del local, incurre entonces en una falta mayor, conocida como malversación, pues esa persona no solo tiene el manejo, sino además la disponibilidad de los recursos.

Los órganos de justicia en Cuba también  pueden sancionar otras tipicidades delictivas como el conocido receptador, quien adquiere las pastillas de procedencia ilícita y las revende a terceras personas; así como la especulación y acaparamiento de quienes aprovechan su prescripción médica para adquirir determinados tipos de tabletas y acumulan cantidades innecesarias de las mismas.

Debido a los efectos que provoca su ingestión en el ser humano las sustancias con efectos similares a las drogas, el marco sancionador es más rígido para quienes trafiquen, faciliten o expendan medicamentos que se encuentran dentro del listado de tales tipos de medicamentos, recogidos en la Resolución 335 del año 2005 del Ministerio de Salud.

Todas las ilegalidades mencionadas anteriormente no solo repercuten en la salud, sino además en la economía de las personas y del país. Se conoce que la Fiscalía General de la República emitió la Circular No.2 del año 2005. La  que plantea específicamente las directrices a seguir ante tales casos.

Hoy en la provincia de Matanzas, al oeste de La Habana, se mantiene la tendencia al incremento de este delito, por lo que debiera ser prioridad darle el seguimiento requerido desde punto de vista administrativo por parte de Salud Pública y los órganos del sistema punitivo cubano, pero como hemos dicho en otras ocasiones, no existe la voluntad Estatal de enfrentar y resolver tales problemas.

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