Observatorio de Derechos Económicos

Mercedes X radica en la ciudad de Matanzas, provincia del mismo nombre situada al occidente de Cuba. Tiene 2 hijos pequeños de 7 y 9 años respectivamente. Es de formación profesional Licenciada en Enfermería. Hace alrededor de 5 años dejó de ejercer porque no le permitían tener un negocio particular. Hasta que llegó la Covid-19 y se comenzaron a aplicar medidas de restricción, era una emprendedora exitosa con su centro de belleza. La “tapa al pomo” vino a ser la “tarea ordenamiento”. A partir del mes de enero su negocio, como el de muchos emprendedores en Cuba, tocó fondo.

Ante esta situación, y las grandes limitaciones económicas que presenta para ejercer su actividad de Trabajo por Cuenta Propia, decide reincorporarse a su antigua profesión en instituciones del Ministerio de Salud Pública.

Debido a la falta de personal especializado, a Mercedes la reciben con los brazos abiertos. La ubican en el Hogar Materno de la ciudad, donde ejerce su actividad con total profesionalidad. Realiza todas las actividades relacionadas, incluso, las guardias internas.

Todo pareciera ir bien, pero no. Cuando a Mercedes le hacen el contrato le explican que estará 6 meses a prueba y que en ese período solo devengará medio salario de la plaza que ocupe.

Al no tener otra alternativa de entrada de dinero ella acepta, pero reclama a Salud Provincial, y aun no le dan respuesta.
En caso similar se encuentran varios profesionales de la salud reincorporados al sistema.

De abusivo se pudiera catalogar el actuar de los funcionarios e inspectores de la Dirección Integral de Supervisión Provincial de Matanzas, Cuba. La zona de acción escogida el fin de semana fue el reparto Armando Mestre, de la propia ciudad de Matanzas.

Acompañados de agentes de la policía, la Presidenta del Consejo Popular y otras representante de organizaciones políticas y de masas, fueron visitando a varios de los muchos Trabajadores por Cuenta Propia con que cuenta el reparto.

Frente al cine Arcoíris multaron a dos vendedores de productos agropecuarios por no cumplir con los precios topados establecidos por el Gobierno en el contexto de la Tarea Ordenamiento Monetario.

En varios puntos de venta de productos alimenticios de la calle 115 se aplicaron multas igualmente por el tema de los precios y por no poner en la tablilla algunos productos que estaban a la venta.

Al reparador de cocinas de gas lo multan por no tener una tablilla donde se especifiquen los precios de los trabajos que realiza. A dos carpinteros (de los 3 que hay en el reparto) los multan por no poder demostrar la procedencia lícita de los insumos que utilizan para realizar los trabajos. Entiéndase lija, clavos, rejillas y junquillos, barniz, etc. (estos carpinteros sólo realizan actividades de restauración de bienes muebles, NO fabrican nada porque no tienen madera).

Con excepción de las personas relacionadas con los puntos de venta de alimentos, todos los multados son Trabajadores por Cuenta Propia de avanzada edad, jubilados que se ven obligados, por la carestía de la vida, a realizar alguna actividad económica que les aporte dividendos ya que sus miserables pensiones no les alcanza para terminar el mes.