El régimen cubano intenta desarrollar una estrategia económica para reactivar la producción de alimentos y servicios relacionados, así pretende hacer frente a la crisis.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó la Resolución 247/2020 que bonifica con un tipo impositivo de un 5% el pago de Impuestos sobre Ventas a las entidades gastronómicas de comercialización minorista.
Se busca incentivar la comercialización de alimentos provenientes de los ministerios de industrias y de agricultura, grupo AZCUBA y las mini-industrias de administración municipal.
Aunque, las iniciativas privadas son las “suministradoras informales” de las empresas de comercio y gastronomía porque los proveedores estatales no ofrecen calidad en sus ofertas.
La medida trae una caída en los ingresos por ventas en dichas entidades y aparejado un incremento importante del déficit fiscal en medio de un acelerado proceso inflacionario.
Pero, el mayor impacto recae siempre sobre los ciudadanos que verán afectado el acceso a los alimentos, pues al fin y al cabo son ellos los destinatarios finales.
La situación empeora cuando se percibe cierto interés por aumentar las exportaciones de los emprendedores, mientras se limita su participación en el mercado interno.
La competencia del gobierno es desleal ya que pretende desestimular la contratación de cuentapropistas al inducir el consumo de producciones con origen en la empresa socialista.
El contexto exige la implementación adecuada de políticas de administración pública con bases en la Economía Social de Mercado hacia la construcción del bien común.