El régimen cubano ha puesto en marcha un nuevo proceso para la transformación de los mecanismos de control financiero ante la inminente reforma económica en el país.
La Contraloría General de la República publicó el pasado octubre la Resolución 162/2020 que da a conocer el Código de Ética para los auditores el Sistema Nacional de Auditoría.
La medida tiene una función complementaria de las Normas Cubanas de Auditoría y pretende regir la conducta de los profesionales del sector en sus actividades laborales.
El documento ofrece una guía de preceptos morales donde se observan basamentos ideológicos que anteponen la política partidista a los más elementales derechos humanos.
Las irregularidades presentes no se hacen corresponder con las bases del Código de Ética de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 30).
Aunque, la mayor afectación está en que no se abordan las circunstancias éticas que surgen en la práctica porque los auditores deberán aplicar juicios de valor (ideológicos) ante cada situación.
El conflicto es mayor cuando la vida social del auditor quedará sujeta a la misión o tarea orientada por el Partido Comunista de Cuba, perjudicando la integridad de la persona.
De esta manera, el análisis se complejiza porque el organismo encargado quiebra la confianza de los actores implicados y la calidad de las actividades que se realizan.
La situación exige construir nuevas metodologías de trabajo para la fiscalización de las actividades empresariales en correspondencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2030.