El gobierno cubano pretende sobrevivir al impacto financiero de la COVID-19 y para ello ha decretado una nueva normalidad, con medidas desbalanceadas frente a criterios sanitarios.
El Ministerio de Transporte a través de la Resolución 269/2020 asegura la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras en aguas territoriales de la nación.
Se levantan las restricciones de viajes de llegada a la Isla mediante embarcaciones de cara al inicio de la temporada alta de turismo, que deberá proveer de ciertos ingresos al país.
Se ha orientado en todas las instalaciones hacer cumplir los protocolos sanitarios a tripulantes y pasajeros, dejando a la supervisión a las autoridades relacionadas con el Ministerio del Interior.
Obsérvese que aún no se toman en cuenta las actuales limitaciones de equipamiento e insumos en el mercado nacional y carencias de materias primas, afectando la oferta turística.
Además, el férreo control del comercio local y de los emprendedores que contrasta con la visión aperturista orientada a los consumidores extranjeros la industria hotelera ubicada en los cayos.
La política del régimen busca relanzar el producto “Sol y Playa”, que alejado de las zonas urbanas le permitirá incrementar los mecanismos de control social frente a la crisis actual.
Sin embargo, el interés mayoritario de los consumidores está centrado en vivir experiencias culturales que genera empleos, beneficia a los privados nacionales y revaloriza el entorno.
Por ello, urge desarrollar Proyectos de Desarrollo Local enfocados en la gestión turística del patrimonio en las comunidades, que permitirán mayor descentralización en el diseño de políticas de administración pública.