El gobierno cubano pretende disminuir el déficit por importación de alimentos ascendente a más de 2 mil millones de dólares anuales y enfrentar la escasez de productos agropecuarios en el mercado interno, a través de métodos coercitivos en la política financiera.
El Ministerio de Finanzas y Precios, a partir del último balance de la tierra realizado por el Ministerio de Agricultura ha dispuesto la aplicación de tributos a través de la Resolución 19/2021, que establece el pago de impuestos por ociosidad de las tierras agrícolas y forestales.
Además, este impuesto se incorpora como aporte al presupuesto del Estado, en un plazo de 60 días naturales siguientes a la notificación y se realizará en las oficinas bancarias correspondientes al domicilio legal del sujeto obligado por las direcciones municipales de agricultura.
Se intenta a través de la nueva legislación impulsar las inversiones en áreas cultivables, en contraposición a la falta de insumos y equipamientos, así como elevados costos en la contratación de fuerza laboral que vivencian los productores privados.
Vale analizar, en cuántas ocasiones los pequeños y medianos empresarios ubicados en zonas rurales se valen de las remesas familiares provenientes del extranjero y de la compra de dólares americanos en el mercado informal nacional, para acceder a semillas.
La medida obvia los incumplimientos de la Empresa Acopio en sus distintas representaciones territoriales y los excesivos controles a los procesos de inversión a que son sometidos los asociados a las distintas formas de gestión cooperativa en el sector agropecuario.
Urge, liberar a los productores campesinos en la Isla, desarrollar un proceso de entrega de propiedad de la tierra a los que hoy son usufructuarios de ella y orientar la inversión de capitales hacia la industrialización de las producciones en el campo.