A fuerza de represión y con la negativa a realizar cambios económicos trascendentales en Cuba, el binomio Canel-Marrero pretende continuar en el poder durante los próximos meses, mediante el empleo de diversas formas represivas sobre la ciudadanía.
Las violaciones de los derechos civiles establecidos en 12 artículos de la Constitución de la República provocaron el levantamiento popular ocurrido el pasado 11 de julio y expuso la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis actual del país.
El artículo 19 establece la conciliación de intereses nacionales e individuales, para regular la actividad económica del país; mientras, el artículo 31 declara que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustente una vida digna.
Además, violaciones al art. 71 sobre el derecho a una vivienda adecuada; el art. 72 sobre la responsabilidad del Estado en garantizar un acceso de calidad a la salud pública y gratuita; el art. 77 sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la alimentación sana de los ciudadanos.
Son afectados los sectores más vulnerables, que carentes condiciones de vida, acceso a medicinas y alimentos, enfrentados a la Covid-19 tras al impacto de la Tarea Ordenamiento, ven destrozados sus bajos niveles de consumo social al cierre del primer semestre de 2021.
En el contexto, el control del mercado y de la relación oferta-demanda a partir de tarjetas en USD provenientes de remesas familiares del exterior, constituye un mecanismo discriminatorio y de exclusión social, que coloca en condición vulnerable a la familia cubana.
El Estado debe salvaguardar los derechos de las personas cuya situación social lo requiera y garantizar a los ciudadanos el ejercicio universal de los derechos humanos, establecidos en los artículos 41, 42 y 43 de la carta magna, que protegen a los ciudadanos.