El gobierno de Díaz Canel amplía la autorización de realizar actividades económicas al sector privado. Mientras, agudiza las contradicciones del Sistema Tributario actual, que limita el desarrollo de los emprendedores; y con ello, el acceso de los ciudadanos a bienes o servicios, en medio de una profunda crisis financiera.
El Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba emitió la Resolución 345/2021, donde regula la aplicación del Régimen General de Tributación, mediante un pago a la cuenta mensual de Impuesto sobre Ingresos Personales ascendente a un 5% sobre los ingresos mensuales. Aunque, mantiene el Impuesto sobre las Ventas en un 10%.
Y se fijan nuevas bases del Impuesto sobre Ingresos Personales para los personas contratadas por los Trabajadores por Cuenta Propia y con un límite exento de hasta 3 260 CUP mensuales, que aplicará un tipo impositivo del 3% hasta 9 510 CUP mensuales; sin embargo, en caso de exceder dicho valor se ha de fijar un 5%.
Se incorpora al Régimen Simplificado de Tributación los negocios que no contraten trabajadores y no superen los 200 000 CUP de ingresos anuales, realizando trimestralmente un pago unificado del 20% sobre los ingresos mensuales, descontando 3 260 CUP como mínimo exento y obliga – aunque, sin liquidación anual – a realizar la Declaración Jurada.
En el contexto, se aplican otros impuestos como el 10% para el Impuesto sobre Ventas y Servicios, el Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo con un tipo impositivo del 5%, la Contribución Territorial para el Desarrollo Local del 1% y la Contribución a la Seguridad Social, aportándose el 12,5% de las remuneraciones pagadas al personal contratado.
Si bien las nuevas medidas exoneran por hasta 6 meses el pago de impuestos, excepto el Impuesto de la Seguridad Social a los cuentapropistas que deriven en MIPYMES. Aún, resulta insuficiente por la falta de acceso a fuentes de financiamiento y las condiciones del mercado cubano, que hoy está sumergido en un elevado proceso inflacionario.
Queda pendiente a definir por los funcionarios públicos, el monto límite superior de concentración de la riqueza en el país e implementar una reforma tributaria integral – de carácter regresivo – que favorezca la inversión de los emprendedores en las comunidades; así como, genere empleos dignos, para revitalizar el consumo en el mercado.