El binomio Canel-Marrero busca en el sector privado una alternativa para enfrentar la crisis financiera; pese, a los duros estragos de la Tarea Ordenamiento.
El Banco Central de Cuba (BCC) emitió la Resolución 222/2021, que autorizó alimentar con remesas y transferencias, las cuentas corrientes en MLC de los emprendedores, ONG, fundaciones, instituciones religiosas y fraternales.
Se han derogado 6 resoluciones, para atenuar la falta de acceso a fuentes de financiamiento de las micros, pequeñas y medianas empresas; así como, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
Y es que frenar la inversión de los privados provocaría una pérdida de más de 500 mil empleos; abaratándose aún más, la contratación de mano de obra calificada en medio del proceso inflacionario.
Contradictoriamente, se ha dado por eliminada la dualidad monetaria y cambiaria en la economía nacional; aunque, persiste el control de las divisas, que aumenta la especulación en el mercado.
La máxima dirección del país se viste de sesgos, apenas promueve la entrega de microcréditos como capital semilla y pocas veces conecta la inversión extranjera con nacionales.
En cambio, gradualmente habilita el marco legal para el uso de criptomonedas a través de la Resolución 251/2021 del BCC y reconoce al proveedor privado de activos virtuales.
Ambas medidas están orientadas en su totalidad al mercado y no a un incremento de la producción de bienes; porque en ningún caso, se flexibiliza el carácter progresivo del Sistema Tributario.
Por otro lado, el régimen enmascara a la empresa estatal socialista – la disfraza de MIPYMES – para financiarla a través de fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones.
Hay que enfrentar las trabas y crear Áreas Económicas Especiales por todo el país; donde sucedan, asociaciones mercantiles entre empresarios foráneos y cubanos; así como, la aparición de beneficios tributarios y aduaneros.