El Primer Ministro de la República de Cuba Manuel Marrero Cruz busca mejorar la opinión pública sobre la gestión de gobierno, en medio de duras críticas provenientes de la ciudadanía.
Así, el Consejo de Ministros emitió el Acuerdo 9266/2022, que establece el uso de la firma digital en los Órganos del Poder Popular, la Administración Central del Estado y el Banco Central de Cuba.
Tal acontecimiento debe suceder antes del 30 de abril de 2022 y se implican los ministerios de Interior y Comunicaciones, para la preparación de un Plan de Divulgación y Capacitación.
Además; está por definirse el funcionamiento de la Infraestructura de Llave Pública destinada a la protección criptográfica de la información oficial de la República de Cuba.
Con la medida se pretende viabilizar los complejos procesos en la administración pública en el marco del Gobierno Digital y sistematizar integración de datos como la Ficha Única del Ciudadano.
Pero; si bien se reduce la carga de trámites administrativos, hay que pensar que dichas transformaciones disminuyen los costos y tiempos, lo que amenaza a un segmento de las autoridades.
Y habrá que ver en la praxis si sucederá a mediano plazo algún reconocimiento factico – por la burocracia – de la validez de los documentos en formato digital firmados electrónicamente.
Nótese cuánto analfabetismo digital habita entre los cuadros y funcionarios instalados en la totalidad de las entidades del Poder Popular a lo largo y ancho de la Isla.
Y ante la necesidad de modernizar al Estado, es recomendable empoderar a la empresa privada nacional y a la ciudadanía a través de la creación de espacios de confianza digital.
En tal sentido; tales dinámicas sólo se harán posible mediante la contratación por parte del sector público, de la cartera de servicios que brinda hoy el sector privado al mercado nacional.