El Gobierno de la provincia Artemisa ha implementado un agresivo control de precios máximos y mínimos para la venta mayorista; así como minoristas, de productos agropecuarios con destino a su comercialización tanto por el sector estatal como privado.
Se reconoce la comercialización minorista de primera mano, como la venta entre cualquier gestor minorista. Mientras, la de segunda mano a los cuentapropias, que formarán precio de hasta un 25% sobre el precio de la primera mano de los productos.
Y del 20% por encima del costo unitario a productos agropecuarios semielaborados comercializados de forma mayorista o minorista Pero, si el comercializador es un ajeno al productor su margen de ganancia será del 15% sobre el costo de adquisición mayorista.
Los precios de productos provenientes de la agricultura urbana y suburbana que se comercialicen a la puerta de dichas instalaciones, serán definidos por los Consejos de la Administración Municipal y aquellos provenientes de patios o huertos familiares serán regulados.
Los productos no agropecuarios comercializados de manera minorista tendrán un margen de utilidad de hasta un 20 % sobre su costo de adquisición; y aquellos que incurran en gastos en MLC, se aplica 1 USD X 123.60 CUP, con un margen de ganancia de hasta el 20% para conformar el precio final.
Las autoridades reconocen una utilidad de hasta un 30% por encima de su costo en los productos no agropecuarios comercializados que se forman con varios insumos o ingredientes y requieren elaboración como pizzas, panes, dulces o cualquier otro.
En el contexto; el sistema de control de precios anunciado tiene como destino final aquellos productos de primera calidad; sin embargo; los de segunda calidad tendrán un descuento del 15% del precio en relación a los de primera calidad.
Sin lugar a dudas – frente al actual proceso inflacionario – la medida limita la captación de ingresos en el sector y afecta el ciclo de reproducción del capital, que hará descender el nivel de actividad y disminuir la oferta de empleos en zonas urbanas y rurales.
Hay que evitar las improvisaciones, pues distorsionan la economía y agravan el estado de inseguridad alimentaria que hoy vive la Isla, tras un aumento promedio en los precios de productos alimenticios de hasta 9 veces desde el inicio de la Tarea Ordenamiento.