El Ministerio de la Construcción (MICONS) emitió la Resolución 1/2023; donde establece el Registro Público de Profesionales del Sector de la Construcción automatizado para personas naturales.
Dicho Registro obliga a personas naturales o extranjeras que pretendan prestar servicios profesionales en mipymes a su inscripción, para así suscribir la documentación técnica requerida según el caso.
Se han de inscribir las personas naturales graduadas de arquitectura e ingenierías; que presten servicios técnicos (proyectos y consultoría), construcción, contratistas de obras y producción de materiales.
Las personas naturales cubanas que se titulen tras la emisión de la norma y cuyo ejercicio está subordinado a la inscripción en el Registro, no podrán ejercerla hasta tanto se inscriban.
El MICONS publicará el cronograma del proceso de inscripción para los profesionales de la construcción, que no excederá el plazo de un año y será de obligatorio cumplimiento.
Resulta contradictoria la norma, pues las actividades de arquitectura e ingeniería y de consultoría técnica, continúan en el listado de actividades prohibidas de las mipymes privadas nacionales.
Nótese; que las autoridades pretenden frenar la incidencia en políticas públicas de los emprendedores, para la liberación del ejercicio privado de los servicios profesionales en la Isla.
Y para bloquear las demandas de los profesionales de la construcción está Antonio Guerrero – ex espía – como nuevo Presidente de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAIC).
Por si fuera poco; Ramón Labañino – otro ex espía – es Vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y desde ahí, limita a dichos profesionales.
Tal fenómeno es a consecuencia de la extorsión realizada por el Partido Comunista sobre la Sociedad Civil, subordinándola como organizaciones políticas y de masas.
Queda recomendar al gobierno cubano: la liberación del ejercicio privado de los servicios profesionales, sea como trabajadores por cuenta propia o bajo formas asociativas privadas.
La medida valdría para garantizar el trasvase gradual de los profesionales empleados hoy en el sector público hacia el privado; y con ello, disminuir el gasto público, que ha generado la excesiva carga fiscal.