El Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba publicó la Resolución 29/2023, donde establece mecanismos de control sobre las finanzas públicas en los procesos de inspección estatal; pese a las críticas recibidas por directivos del sistema empresarial nacional.
Y se involucran la Dirección de Inspectores del organismo, los Órganos de la Administración Central de Estado, los Organismos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), Consejos Provinciales y Administraciones Municipales del Poder Popular.
La norma detalla la planificación y reseña la ejecución de ésta durante la realización de acciones de control sobre las políticas financieras, presupuestarias, tributarias, contables, de tesorería, patrimonio, precios, crédito público y de seguro en las entidades.
Ahora bien; las acciones de control y fiscalización de los funcionarios en la Isla en no pocas ocasiones terminan costando más que la propia dinámica de la actividad económica que se supervisa, lo que demuestra el fracaso en la implementación de políticas públicas.
Y si sumamos la discrecionalidad que hoy manejan las autoridades del gobierno a la hora de evaluar de manera eficiente el componente Ambiente de Control en los procesos de las instituciones y empresas, además de encontrarse desactualizados en cuanto a normativas vigentes.
Véase; los funcionarios públicos involucrados están sometidos a la injerencia del Partido Comunista de Cuba que emite criterios políticos sin bases jurídicas sobre las evaluaciones resultantes de las acciones de control y terminan por afectar las sugerencias resultantes de la supervisión.
Hay que eliminar los viejos argumentos que insisten en prohibir cualquier actividad económica compleja o difícil de controlar; y de esta manera, otorgar espacios de participación en el mercado nacional a personas jurídicas y naturales con elevada movilidad.