El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió las resoluciones 22 y 23 del 2023, que pretenden estimular la permanencia de los trabajadores en el sector educativo público nacional.
Se establecen cuantías mensuales acumuladas en pesos que transitan desde los 500 hasta los 3000 pesos tomando como punto de partida entre los 5 y 30 años de servicios prestados.
También corresponden incrementos salariales cada 2 años a partir de los 30 años de servicios prestados, ascendentes a 400 CUP mensuales a docentes e investigadores y sólo 200 CUP al resto de los trabajadores.
El pago por sobrecarga del trabajo docente se fija hasta el límite del 100% por ciento del salario escala del cargo que ocupa el empleado, según las normas establecidas para cada actividad.
Al personal docente que trabaja en los preuniversitarios vocacionales y escuelas pedagógicas se aumenta a 1 000 CUP mensuales la cuantía del pago adicional por la incidencia en sus labores de determinados factores.
Tales remuneraciones forman parte del salario básico del trabajador, aunque nuevamente el origen del financiamiento es el fondo de salario planificado destinado al personal de la actividad docente no ejecutado.
Es evidente que la medida tiene un carácter populista y no cumple sus objetivos ante un proceso inflacionario que aumentó la migración laboral del sector hacia otras actividades económicas.
Sumado a ello, los incrementos del gasto público en detrimento de inversiones en soportes técnicos a las instituciones recrean un modelo de educación bancaria donde el estudiante es un receptor de información.
Hay que exigir a las autoridades la eliminación de condicionamientos objetivos y subjetivos orientados a la prevalencia de métodos reproductivos del conocimiento que no promueven el rigor científico y la praxis.