Gobierno cubano controla la ejecución de la política de formación, fijación y modificación de precios y tarifas a través de metodologías que afecta a las mipymes privadas, cooperativas y cuentapropistas; pese al agravamiento del proceso inflacionario.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 209/2024, para contener el gasto público de entidades estatales en sus relaciones con el sector privado, limitando la conformación de precios y tarifas en las fichas de costos y gastos de productos y servicios.
Se establece para la licitación por empresas estatales que la tasa de utilidad máxima en la oferta de los privados no exceda del 30% sobre el total de los costos y gastos, así como la cuantía que corresponda por la aplicación de los impuestos sobre las Ventas y los Servicios.
Y los gobierno provinciales y municipales podrán aprobar precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen, de entre aquellos que adquieren las entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
Lo anterior aumenta la inseguridad en los inversionistas, limita la reproducción del capital en los negocios, deteriora el intercambio comercial, sienta las bases para una competencia desleal entre privados y públicos tras intentar subordinar abiertamente los intereses del primero al segundo.
De esta manera, las autoridades en la Isla pretenden continuar negando el papel del mercado en la formación de precios y no reconocer que éstos constituyen un indicador sintético de la escasez de un bien o servicio en relación a sus posibles usos por la sociedad.
Hay que repasar los valores de la Economía Social de Mercado, pues cuando un precio de un bien o servicio se reduce o controla a partir de una intervención en el mercado, entonces cae drásticamente el empleo y se atenta contra el bienestar de los consumidores.