El gobierno de Díaz-Canel insiste en respaldar un elevado gasto público no social, que sostiene la burocracia política enquistada en las organizaciones de masas; pese a que, se deteriora el consumo de los hogares por la crisis financiera.
Y desde tal perspectiva; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la Resolución 03/2022, donde se establece lo relativo a los resultados en los cuales los trabajadores tienen derecho a recibir las utilidades y donde se incluyen los cuadros sindicales profesionales.
Además, se benefician los que participan en cursos de capacitación a tiempo completo por decisión de instancias superiores, actuantes como jueces legos en tribunales populares o autoridad electoral, participantes en movilizaciones militares y auditores.
Un elemento favorable de la medida es la inclusión del disfrute de licencia de maternidad pre y posnatal; sin embargo, toma únicamente en cuenta a la madre trabajadora y no al padre, elemento a revisar cuando se discute hoy la propuesta de reforma al Código de la Familia.
Sumado a ello; la Resolución 150/2022 del Ministerio de Justicia, niega la liberación del ejercicio privado de los servicios jurídicos y autoriza la constitución con capital nacional, de la Sociedad Civil de Servicios, denominada Servicios Legales S.A.
Ambas medidas – como tantas otras – favorecen la profundización del actual proceso inflacionario, al aumentar las partidas de gastos del Presupuesto del Estado y sobre todo en los sectores menos productivos, incrementándose el déficit fiscal del país.
En tal sentido; es recomendable que las autoridades induzcan el trasvase gradual de los profesionales empleados hoy del sector público hacia el privado, bajo la fórmula de trabajadores por cuenta propia o insertados en micros, pequeñas y medianas empresas.