El presidente Díaz-Canel pone en marcha una nueva aventura, pese al fracaso que representó la implementación de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba.
La Asamblea Nacional del Poder Popular en su acuerdo IX-55 de 2020 ha respaldado la estrategia económica y social para enfrentar la crisis provocada por la COVID-19.
También, dispuso en el Acuerdo 121 de 2020 no realizar en el presente año el proceso de rendición de cuentas de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Se pretende organizar terapias de choque mediante políticas de administración pública, en el tránsito hacia una reforma monetaria que afectará a los sectores más vulnerables.
La intención es aumentar las capacidades de producción de bienes para incrementar las ofertas y sustituir importaciones, a través de un paquete de medidas que dañan el consumo.
Por otro lado, las autoridades temerosas de un estallido social han eliminado este año las asambleas populares en las circunscripciones, que constituyen un espacio de participación ciudadana.
Se ha suprimido el único mecanismo “democrático” que evalúa la gestión de los Órganos de la Administración del Estado y garantiza ciertos niveles de retroalimentación.
La medida advierte a los ciudadanos que mostrar disenso sobre este proyecto constituye un acto de provocación al régimen, y nuevamente se subordina la nación a una ideología totalitaria.
Urge, eliminar la cultura del descarte y promover la inclusión para construir el consenso hacia una gestión gubernamental eficaz y eficiente, aún en los momentos más críticos.