El régimen de La Habana ha lanzado a las redes sociales, televisión nacional y a la prensa escrita una nueva estrategia política sobre la implementación de una Ley de PYMES, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas.
El Consejo de Ministros aprobó el “Perfeccionamiento de los Actores Económicos” y dejó claro la guía ofrecida el pasado febrero sobre un grupo de actividades, que se podrán o no realizar por los pequeños y medianos empresarios nacionales.
También, se ha prohibido el ejercicio de los servicios profesionales por los privados y se continúa otorgando a las cooperativas no agropecuarias un carácter experimental, aun cuando son reconocidas por la Constitución de la República de Cuba.
La intención del gobierno central durante el primer semestre del año 2021 fue el cierre de 200 cooperativas en el país y las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social restringen el otorgamiento de nuevas licencias a los emprendedores.
En el contexto, el sector privado y el público no logran complementase en sus relaciones, porque la legislación subordina los primeros a los intereses de la empresa estatal socialista; esta última, es intermediaria en las operaciones de comercio exterior.
La medida provoca mayor especulación en el mercado y se traduce en un proceso inflacionario, que ha salido al encuentro de valores cercanos a los 250 CUP x 1 USD, cuestión anunciada por Marino Murillo al iniciar la Tarea Ordenamiento.
Urge, poner en práctica los principios de la Economía Social de Mercado en la liberación de las fuerzas productivas y negociar un aplazamiento en los ciclos de pago a los acreedores, como vías para balancear las afectaciones al consumo social.