El trabajo por cuenta propia en Cuba se ha vuelto más complejo desde la llegada de la Covid-19. Primero, por las sabidas limitaciones que impone el Gobierno para ejercer las actividades aprobadas y, luego, por la escasez de insumos y materias primas con qué realizarlas.
Si bien algunos sectores han podido navegar con suerte en medio de las turbulentas aguas a las que se ha sumado una agravada crisis económica que el discurso oficial busca justificar con el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y transitar por la apertura de un segmento de mercado de bienes y servicios paralelo dolarizado , la exportación de servicios médicos, entre otro, la amplia mayoría ha tenido que cerrar o buscar alternativas para sus negocios a la espera de mejores tiempos y facilidades. Los transportistas y los elaboradores de comida han sido de los pocos que han visto en los encargos a domicilio, por redes sociales, teléfono u otras vías no habituales, la oportunidad de ejercer de alguna manera su actividad.
Sin embargo, los asistenciados y pensionados, asociados a alguna de las modalidades de trabajo por cuenta propia que no han podido ejercer durante estos 6 meses, han visto bien limitados sus ingresos y el pago mensual que les da el Estado no cubre en lo más mínimo sus gastos indispensables puesto que todos los precios en la Isla se han disparado de forma alarmante ante la espiral inflacionaria generada.
Productos básicos o de primera necesidad como el aceite vegetal comestible, pollo y otras aves de corral, papel higiénico, detergente, jabón de tocador y la pasta dental, por solo citar algunos productos de limpieza e higiene personal, se han elevado entre un 100 y un 200% en el mercado informal, que es donde único se pueden encontrar puesto que el resto de los canales de distribución existentes escasean y, cuando son abastecidas en cantidades irrisoria, se venden por tickes amparados en la mítica libreta de racionamiento.
En medio de estas adversidades no ha habido ningún tipo de respaldo ni protección para el sector privado y sus familias, dado que muchos han tenido que seguir abonando los impuestos que exige el fisco, incluso la seguridad social sin estar trabajando, antes de tener que entregar su licencia. Ni siquiera les fue valorada la posibilidad de otorgarles un estipendio al 60% sobre la base de sus ingresos por concepto de declaración jurada, como hicieron con los miles de trabajadores presupuestados y empresariales que quedaron sin trabajo durante todos estos meses debido a las políticas de manejo y gestión de la crisis sanitaria.
Por si fuera poco, la odisea que vive el medio millón de cuentapropistas registrados legalmente que tiene la Isla, el Gobierno cubano ha desatado una feroz campaña de miedo, represión y persecución que por primera vez ha llegado para quedarse a los medios de prensa oficialistas, intencionando con doble rasero repudiar a todos aquellos que de una forma u otra han buscado vías para sobrevivir.
Cada día salen a la luz sanciones, detenciones y decomisos arbitrarios a cuentapropistas y trabajadores particulares por “acaparar” mercancías que no han podido comercializar por la pandemia, desarrollar algún tipo de actividad “ilícita” o simplemente por no disponer de la documentación que acredite la procedencia y tenencia de determinados productos que almacenan cuando es muchos son importados y aún el país no dispone de un mercado mayorista en donde este grupo de trabajadores pueda aprovisionarse de materias primas e insumos con que desarrollar su actividad.
La tensa situación que vive el país pone de manifiesto una vez más que el Gobierno, independientemente de aceptar como una necesidad el aporte del sector privado, pone límites a su ejercicio y frena su desarrollo, que es en definitivas, el desarrollo del país. El supuesto “enriquecimiento” de estas personas es “mal visto” y contraproducente con los principios socialistas que fueron ratificados en la más reciente Constitución de la República.
Por sus potencialidades y gran capacidad de cambio en la economía, los cuentapropistas representan una fractura para el sistema y una vía de cambio estructural para el país que nuestros decisores no están dispuestos a liberar. Se impone, entonces, buscar a través de foros, debates, eventos, publicaciones y plataformas digitales, vías para acelerar y garantizar el necesario cambio de mentalidad que se necesita para mejorar sustancialmente la vida económica del país a partir del aporte de este sector.
En medio de la oleada de escasez, miedo y especulación, no son pocos los que se plantean la impostergable unidad de este sector en la isla que se encuentra disperso y la creación de un sindicato independiente que, alejado de las organizaciones y los intereses estatales, difunda las inquietudes y dificultades a las que están sometido los cuentapropistas. Hasta la fecha, solo unas 300 personas se han agrupado para denunciar, de forma aislada, el maltrato y atropello al que han sido sometidos, pronunciándose en favor del reconocimiento de sus derechos.