Como si nada estuviera pasando en la isla, el gobierno anunció recientemente estar dando todos los pasos, para la necesaria liberación de las fuerzas productivas. La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), privadas y estatales, es una realidad y fue presentada por el ministro de economía, como un “perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y del trabajo por cuenta propia (TCP)”.
Cuba se encuentra sumida en un profundo caos económico y social, como parte de aguda crisis que viene enfrentando desde 2019 y que se agravó con la llegada de la Covid-19, el arreciamiento de las medidas de la administración Trump y la aplicación de la nefasta tarea ordenamiento.
Hoy, un TCP tiene dos y tres trabajadores y un sinnúmero de limitantes. Para que se redireccione a un MIPYMES y tenga quince, 20 o 40 trabajadores, se impone su constitución jurídica, la cual quedará lista para agosto o septiembre. Ello le permitirá, en principio, más autonomía y capacidad de gestión; parámetros que están por verse ante la escasez generalizada de bienes y servicios que presenta el país y el burocrático mecanismo de importación de insumos, que se encarece ante la nueva “penalización” del dólar, la carestía y complejidad en la adquisición de la MLC y la insolvencia del régimen para ofertarlos.