Observatorio de Derechos Económicos

Con la puesta en vigor en mayo de 2019 de la nueva política de la vivienda, muchos pensaron que acabaría su pesadilla. Sin embargo, no ha sido así. La ocupación ilícita de terrenos y las construcciones sin autorizo son penadas con multas de entre 500 y 2.000 pesos cubanos. Buena parte de ese dinero va a sus bolsillos dado que las viviendas no tienen status legal. En Planificación Física se limitan a decir que las zonas ocupadas no están concebidas dentro de las áreas de crecimiento poblacional. La solución, si se tuviera dirección actualizada, es anotarse en un listado de solicitud de terreno que data de 2015.

“Al Estado cubano no le interesa las condiciones en que vivimos, por eso no quieren entregar terrenos para que construyamos”, sentenció Damaris Benítez López, vecina de La Concepción y trabajadora informal. Este caserío marginal se encuentra en la provincia de Mayabeque por lo que el Grupo de Enfrentamiento del Consejo de la Administración ha intentado erradicarlo infructuosamente en varias ocasiones.

Antes de 1959, La Concepción era una finca privada. Al emigrar su propietario fue intervenida. Actualmente se compone de unas 150 viviendas en condiciones precarias al ser construidas con materiales que van desde tablas de palma, plástico y planchas de zinc, hasta cartones forrados con cinta adhesiva. Los pisos son de tierra, con letrinas como servicio sanitario. No tienen agua y la electricidad (que tienen muy pocos) la consiguen por medio de tendederas desde instalaciones cercanas. La habitan cerca de 500 personas que carecen de todo tipo de servicio y de los cuales la mayoría de los adultos se encuentran en condición de trabajadores informales. Categoría no reconocida en las estadísticas oficiales de empleo en Cuba.

En opinión del observador económico, muchas de las medidas anunciadas como parte de la “Tarea Ordenamiento” son necesarias. La crisis de la economía cubana es demasiado seria y los desafíos por delante requieren de un programa político y económico abarcador y profundo, razones por la cuales ha sido motivo de preocupación e intensos debates en la sociedad. Un tema clave que se reitera es la crisis alimentaria.

En su retórica, el Gobierno cubano insiste en poder garantizar 13.6 kg per cápita mensual de alimentos (de ellos 5 kg de proteína de origen animal) a la población a través de la combinación de la oferta de productos de la canasta básica, de responsabilidad estatal, y la oferta en mercados de abasto. Pero de lo dicho a lo hecho… hay un buen trecho. En especial en La Habana, capital del país y provincia más densamente poblada que raya los tres millones de personas, entre la permanente y la flotante.

Desde el 2020 se estableció que a La Habana debe suministrarse 500 toneladas diarias de alimentos agropecuarios. El promedio del primer semestre fue de 416 toneladas. En el segundo semestre se promedió 328 toneladas con una mayor afectación para los mercados de oferta y demanda gestionados precisamente por los trabajadores por cuenta propia.

El balance de productos agropecuarios disponible para la capital se distribuye únicamente por los canales de comercialización estatal, es decir, a través de la Empresa de Mercados de La Habana, Empresa Acopio y el Ejercito Juvenil del Trabajo. En esos esfuerzos productivos y logísticos participaron 3 provincias del occidente de Cuba. En un entorno afectado por la crisis económica y la pandemia sanitaria por Covid 19 esos volúmenes de alimentos que representaron el 74% de los previsto fueron insuficientes.

En la economía cubana, el índice de precios al consumidor suele estar determinado por: 40 % por los precios (por lo general regulados) de mercados formales, 30 % por los precios de los mercados agropecuarios y otro 30 % por los precios del mercado informal (incluye sector por cuenta propia y mercado negro). Se considera que, con la tarea ordenamiento, los mercados que primero se afectaron por incrementos de los costos fueron el formal y el agropecuario, puesto que en sus transacciones interviene la tasa de cambio oficial, ya sea a través de importaciones o en su interacción con los mercados transables en dólares. Estas variaciones en los mercados formales y agropecuarios redundan, inevitablemente, en alteraciones de los precios de los mercados informales, producto de su alta correlación.

Si a lo anterior se le suma la deficiente y escasa oferta de alimentos de los mercados minoristas conformados por 80 establecimientos que comercializan en dólares bancarizados, se pudiera entender algunos de los porqués del desabastecimiento de alimentos a la población.

En promedio entre enero y los primeros 15 días de febrero de 2021 en la capital de Cuba se han ofertado 325 toneladas de productos agropecuarios aportadas por 10 de las 15 provincias del país. En términos generales son producciones de muy baja calidad por faltas de agroquímicos y otros insumos para las atenciones culturales, falta de petróleo para roturar la tierra y un larguísimo etcétera de problemas estructurales que afecta la agricultura cubana desde la caída el campo socialista europeo y con la estructura de propiedad en la que el mayor propietario es el estado con el 80 % de las tierras cultivables.

Foto de cabecera: Mercado agropecuario habanero.