Observatorio de Derechos Económicos

Como si nada estuviera pasando en la isla, el gobierno anunció recientemente estar dando todos los pasos, para la necesaria liberación de las fuerzas productivas. La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), privadas y estatales, es una realidad y fue presentada por el ministro de economía, como un “perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y del trabajo por cuenta propia (TCP)”.

Cuba se encuentra sumida en un profundo caos económico y social, como parte de aguda crisis que viene enfrentando desde 2019 y que se agravó con la llegada de la Covid-19, el arreciamiento de las medidas de la administración Trump y la aplicación de la nefasta tarea ordenamiento.

Hoy, un TCP tiene dos y tres trabajadores y un sinnúmero de limitantes. Para que se redireccione a un MIPYMES y tenga quince, 20 o 40 trabajadores, se impone su constitución jurídica, la cual quedará lista para agosto o septiembre. Ello le permitirá, en principio, más autonomía y capacidad de gestión; parámetros que están por verse ante la escasez generalizada de bienes y servicios que presenta el país y el burocrático mecanismo de importación de insumos, que se encarece ante la nueva “penalización” del dólar, la carestía y complejidad en la adquisición de la MLC y la insolvencia del régimen para ofertarlos.

Para muchos incrédulos o mejor dicho, ilusos; la aprobación de la más reciente ley de leyes traería progreso al país. Así constó en varios de los eslóganes promovidos a lo largo y ancho de la isla con la única finalidad de hacer campaña para que acudiesen en masa al plebiscito. Sin embargo, a poco más de dos años vale preguntarse, ¿de qué progresos hablamos?

La primera de las necesarias aclaraciones para ese grupo de soñadores es que no puede haber progreso en un país donde sólo han sido añadidas, suprimidas o modificadas algunas leyes y no el sistema imperante. La Constitución solo vino a representar y defender aún más los intereses del Estado y no los del pueblo, que es igual a decir, la supervivencia del régimen y la irrevocabilidad del socialismo.

Si bien para su aprobación, se escuchó el criterio de millones de cubanos sin que estos necesariamente fueran tenidos en cuenta, la Constitución fue un timo. A pesar de no cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos (aunque muchos están incluidos sin que se respeten), la mayoría de antillanos la aprobó pensando que ello mejoraría su nivel de vida.

La corrupción administrativa de cuadros del Estado y del Gobierno está entre los peores males que tiene el régimen socialista. Alimentado como si fuera inherente al sistema, su impunidad ha acrecentado las brechas sociales, ha facilitado el desvío de recursos y ha constituido de los principales causantes de la miseria, las ilegalidades y el subdesarrollo del país.

Antes de la “situación coyuntural”, de las arremetidas tele-policiales y de la Covid-19, era muy común escuchar en nuestras calles vendedores ambulantes pregonando desde palitos de tendederas hasta elefantes color rosa. Estas acciones de ventas ilícitas han constituido históricamente punto de partida de numerosos hechos delictivos motivados en su cadena, por las penurias famélicas que sufre un sector de la población y las grietas de un sistema que posibilita lucrar robándose a sí mismo.

Los cuadros del Estado y del Gobierno, designados por el régimen para velar por sus recursos e intereses, son los principales coautores de las ilegalidades que pululan por todo el país. Los tipificados hechos en el código penal de prevaricación, cohecho y abuso de autoridad, se han vuelto una manera de obtener sustento económico. Así, los delitos contra los derechos patrimoniales y laborales, el uso indebido de recursos financieros y materiales, infracciones de las normas de protección al consumidor, etc. pasan impunes ante el Estado y pueblo, quien comienza a ver como normal, no virar del trabajo con las manos vacías.