Una vez más

A punta de lápiz el gobierno cubano pretende regular los precios de los bienes y servicios que hoy se ofertan en el mercado minorista; y para ello, de forma tácita ha publicado dos normativas en la Gaceta Oficial No. 62 Ordinaria del 3 de junio de 2021.

El Ministerio de Comercio Interior emitió la Resolución 77/2021, que establece un precio minorista aprobado centralmente de las pastas largas a granel, equivalentes a paquetes de 400 gramos, con destino a la canasta familiar normada, por valor de 12.00 CUP.

Se aprobó un precio minorista sobre un producto subsidiado, que ha sustituido “temporalmente” otro previamente ya validado centralmente, teniendo en cuenta los costos y los precios de sus similares, incluyendo las modificaciones de formatos y envasados de estos.

Igual ministerio, emitió la Resolución 78/2021 donde aprobó un precio minorista del producto Gree Cerámico, para su comercialización en los mercados de artículos industriales y de servicios, así como en las tiendas de materiales para la construcción, por valor de 20.00 CUP.

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Ante las viejas tácticas

El régimen de La Habana ha lanzado a las redes sociales, televisión nacional y a la prensa escrita una nueva estrategia política sobre la implementación de una Ley de PYMES, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas.

El Consejo de Ministros aprobó el “Perfeccionamiento de los Actores Económicos” y dejó claro la guía ofrecida el pasado febrero sobre un grupo de actividades, que se podrán o no realizar por los pequeños y medianos empresarios nacionales.

También, se ha prohibido el ejercicio de los servicios profesionales por los privados y se continúa otorgando a las cooperativas no agropecuarias un carácter experimental, aun cuando son reconocidas por la Constitución de la República de Cuba.

La intención del gobierno central durante el primer semestre del año 2021 fue el cierre de 200 cooperativas en el país y las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social restringen el otorgamiento de nuevas licencias a los emprendedores.

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Ante las viejas tácticas

El régimen de La Habana ha lanzado a las redes sociales, televisión nacional y a la prensa escrita una nueva estrategia política sobre la implementación de una Ley de PYMES, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas.

El Consejo de Ministros aprobó el “Perfeccionamiento de los Actores Económicos” y dejó claro la guía ofrecida el pasado febrero sobre un grupo de actividades, que se podrán o no realizar por los pequeños y medianos empresarios nacionales.

También, se ha prohibido el ejercicio de los servicios profesionales por los privados y se continúa otorgando a las cooperativas no agropecuarias un carácter experimental, aun cuando son reconocidas por la Constitución de la República de Cuba.

La intención del gobierno central durante el primer semestre del año 2021 fue el cierre de 200 cooperativas en el país y las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social restringen el otorgamiento de nuevas licencias a los emprendedores.

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Las riendas al campo

El Ministerio de Comercio Interior de la República de Cuba ha publicado la Resolución 67/2021, donde autoriza el acceso de los pequeños y medianos empresarios cubanos al comercio mayorista y a los productores agropecuarios a contratar de forma directa insumos y maquinarias.

Se inició un proceso para atraer el interés de los emprendedores hacia sectores económicos productivos, mediante la aparición gradual de espacios para el intercambio comercial, previamente regulados por los Organismos de la Administración Central del Estado.

Obsérvese, la emisión de las Resoluciones 137 y 139 del Ministerio de Agricultura dirigidas a reglamentar la comercialización de productos agropecuarios y a flexibilizar la comercialización y consumo de carne bovina por los productores campesinos.

Las medidas suceden al amparo del Decreto Ley 35/2021 del Consejo de Ministros, que introduce incentivos para la producción y acopio, como vía para sostener el consumo social en la red de tiendas que comercializan ofertas en dólares americanos.

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¿Desarrollo local en Cuba?

El Ministerio de Economía y Planificación de la República de Cuba publicó la Resolución 29/2021, sobre la estrategia de trabajo y el financiamiento a los Proyectos de Desarrollo Local, que pretende ser un paliativo a las afectaciones por la crisis económica actual.

Y deben ser constituidos para alcanzar la alianza público-privada en las comunidades, orientando el Presupuesto del Estado hacia la inversión en sectores claves, según las características de los territorios y su inserción en el mercado nacional.

Por otro lado, la Resolución 114/2021 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, dictó el procedimiento para el financiamiento presupuestario, así como el tratamiento tributario, financiero, de precios aplicable a los Proyectos de Desarrollo Local.

Las fuentes presupuestarias serán el 50% de la recaudación de la Contribución Territorial y los ingresos cedidos que tributen a lo planificado al cierre del ejercicio económico; también empleados en fideicomisos administrados por el banco y fondos para municipios en desventaja por capacidades estructurales.

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Fracasa la Tarea Ordenamiento

El Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba ha publicado la Resolución 117/2021, que regula las relaciones tributarias, financieras y contables entre las Empresas Estatales Socialistas y sus Unidades Empresariales de Base (UEB).

Se aprobarán los precios y tarifas de los productos o servicios por parte de las UEB según la política de la empresa, debiendo aportar tributos como el Impuesto sobre Utilidades y para lo cual deberán emitir Estados Financieros e informar al Organismo Superior de Dirección Empresarial (OSDE)

Posteriormente, la Resolución 120/2021 elimina las cuentas por cobrar y por pagar internas, ingresos y gastos reconocidos en las UEB subordinadas, generadas por operaciones internas de la OSDE; realizando ajustes para la eliminación del margen de precios originado por operaciones internas.

La intención es fortalecer la empresa socialista mediante el abaratamiento de los costos de la oferta final de bienes y servicios, anulando los costos generados en inventarios de producción en proceso y otros gastos, cuestión que enrarece cualquier evaluación de riesgo.

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