Durante el 2021 la sociedad cubana ha padecido la agudización de la crisis alimentaria y de la situación epidemiológica provocada por la Covid-19; así como, las consecuencias del impacto negativo del inicio de la Tarea Ordenamiento.
Nótese claramente; los 82 CUP a que ha llegado a cotizarse la Moneda Libremente Convertible en el mercado informal, alcanzándose una inflación del 341% tras un incremento de 2.41 veces respecto al valor de cierre económico en diciembre de 2020.
Sucede que la devaluación del peso cubano es cada vez más agresiva sobre los sectores vulnerables, acrecentándose las limitaciones en el acceso al consumo de bienes y servicios básicos más elementales para la preservación de la vida humana.
Y vale destacar el desempleo en jóvenes y mujeres a causa del cierre de los cuentapropistas, tras la negativa del Ministerio de Finanzas y Precios a poner en marcha la Resolución 427/2019, que representaba beneficios fiscales ante la pandemia.
Si bien en los meses posteriores al 11J salieron a la luz paquetes de medidas orientadas al reconocimiento jurídico del sector privado nacional como Sociedad de Responsabilidad Limitada, éstas poco o nada han incentivado la recuperación del comercio local.
Pese a ello; las micros, pequeñas y medianas empresas privadas de la Isla se enfrentarán en 2022 a una reforma tributaria, que incrementará los impuestos para sostener el gasto público, según anunciara Díaz Canel en la VIII Sesión Ordinaria del parlamento.
Se ha de racionalizar el gasto público, sin disminuir la calidad y eficiencia de las ya deterioradas prestaciones, mediante el trasvase de los servicios profesionales hacia el sector privado, como una de las variables a tener en cuenta para una mejor distribución de la carga fiscal.